La propuesta busca mejorar las pensiones más bajas, pero antes de aprobarla hay que determinar si el financiamiento será suficiente y sostenible
El proyecto para llevar a B/.600 las pensiones más bajas tiene un objetivo social difícil de cuestionar: mejorar los ingresos de jubilados que actualmente reciben montos muy por debajo de esa cifra.
Pero toda obligación permanente necesita una fuente de financiamiento igualmente permanente. Por eso, la discusión ahora debe pasar del discurso a los números.
1. ¿Cuánto costará realmente?
La primera cifra que debería estar sobre la mesa es el costo anual del programa. No basta con decir que más de 95 mil personas podrían beneficiarse. Hay que calcular cuánto tendría que aportar el fondo para completar los ingresos de cada beneficiario hasta alcanzar los B/.600. Ese cálculo permitiría conocer el verdadero tamaño de la obligación.
2. ¿Cuánto producirán las nuevas fuentes?
El proyecto contempla mecanismos de financiamiento relacionados con la actividad portuaria.
La pregunta es sencilla:
¿Cuánto dinero producirán esos cargos durante un año?
Y la siguiente es todavía más importante:
¿Ese monto alcanza para pagar el beneficio completo?
Si la respuesta es afirmativa, el Gobierno y los diputados deberían mostrar las proyecciones. Si no alcanza, entonces hay que explicar de dónde saldrá el resto.
3. ¿Qué pasa si el dinero no alcanza?
Esta es probablemente la pregunta más incómoda. Supongamos que el fondo recauda menos de lo previsto o que el número de beneficiarios aumenta.
¿Quién cubrirá el déficit?
¿La CSS?
¿El Gobierno Nacional?
¿El Presupuesto General del Estado?
¿Los contribuyentes?
Una ley que establece un beneficio debe explicar también qué ocurre cuando la realidad económica no coincide con las proyecciones.
4. ¿Cuánto costará dentro de diez años?
El problema no termina en el primer año. La población jubilada puede aumentar, los ingresos pueden cambiar y las fuentes de financiamiento pueden comportarse de manera diferente. Por eso, sería necesario conocer una proyección a cinco, diez y, de ser posible, veinte años.
Una medida puede ser financieramente manejable hoy y convertirse en una presión importante para las finanzas públicas dentro de una década.
5. ¿Quién vigilará el dinero?
También está pendiente una pregunta de transparencia. Si se crea un fondo específico para garantizar el complemento hasta B/.600, los ciudadanos deben saber quién lo administrará, cómo se auditará y qué mecanismos impedirán que los recursos terminen desviándose de su propósito.
Cada dólar destinado a los jubilados debería poder seguirse desde su origen hasta el beneficiario final.
La discusión que Panamá necesita
El país no debería plantear esta discusión como una batalla entre quienes quieren mejores pensiones y quienes preguntan cuánto costará.
Ambas cosas pueden coexistir. Los jubilados merecen ingresos dignos. Y los ciudadanos merecen saber cómo se financiará esa dignidad.
Porque si el proyecto se convierte en ley, los $600 no serán solamente una promesa política. Serán una obligación financiera. Y antes de aprobarla, Panamá necesita conocer tres números: cuánto costará, cuánto se recaudará y quién pagará la diferencia.
Ahí está la verdadera discusión.