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Reformas electorales pasan a segundo debate

Reformas electorales pasan a segundo debate

A segundo debate pasará el análisis del Proyecto de Ley n.° 699, que reforma el ordenamiento del Código Electoral para los comicios del 6 de mayo de 2029, así lo decidieron los diputados que conforman la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional

La sesión se realizó en presencia del magistrado presidente, Narciso J. Arellano Moreno, y los magistrados vicepresidentes, Luis A. Guerra Morales y Alfredo Juncá Wendehake, quienes estuvieron acompañados por el equipo ejecutivo y técnico del Tribunal Electoral (TE).

La votación fue realizada artículo por artículo y en cada uno de ellos hubo decisiones a favor y en contra, imponiéndose la mayoría. La aprobación fue adoptada posterior al retiro de tres artículos y de varios ajustes a una serie de propuestas luego de tratar temas que marcaron la pauta del debate tales como: la adjudicación de curules, alianzas electorales, financiamiento electoral y hasta la posible eliminación de la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE) y la paridad de género.

Los asesores del TE explicaron que los procesos para la adjudicación de curules se realizarán en tres etapas, primero por cociente, medio cociente y resto mayor. Este último es el término que se está usando en esta modificación y corresponde a la resta de los votos obtenidos por partidos por cociente y medio cociente.

El esquema de optimización de la legislación electoral está orientado al mejoramiento del marco regulatorio para las elecciones de 2029, fruto de sesiones en la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE), representada por los partidos políticos, la libre postulación, organizaciones de la sociedad civil, la academia e instituciones públicas, y remitidas a la Asamblea por el TE quien tiene la iniciativa legislativa para proponer leyes en su materia.

Con esta propuesta, se busca consolidar un sistema democrático más robusto al actualizar los mecanismos de fiscalización y fortalecer el marco jurídico que regula los derechos políticos y los procesos electorales, para garantizar contiendas más transparentes y una mayor confianza ciudadana en las instituciones de cara a los próximos procesos electorales.

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