El proyecto 705 pasó el primer filtro en la Asamblea después de incorporar unas 115 propuestas. La reforma cambia las reglas para las distribuidoras, fortalece el papel del regulador y prepara el terreno para la renovación de concesiones eléctricas en 2028
La reforma al marco eléctrico dejó de ser una discusión técnica y entró en una etapa política decisiva.
La Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional aprobó este martes, en primer debate, el proyecto de Ley 705, una iniciativa impulsada por el Ejecutivo que modifica la Ley 6 de 1997, que regula la prestación del servicio público de electricidad.
El texto original tenía 27 artículos. Después de tres jornadas de consultas y del análisis de alrededor de 115 propuestas de modificación, el proyecto que ahora pasa al pleno es sustancialmente más amplio. La votación terminó con seis votos a favor y tres abstenciones.
Pero el verdadero asunto no está solamente en los artículos aprobados. Está en cómo cambiará la relación entre las empresas eléctricas, el Estado y los consumidores.
El usuario queda en el centro de la reforma
Uno de los principales problemas que busca atender el proyecto es conocido por miles de consumidores: interrupciones, fluctuaciones de voltaje, daños en equipos y dificultades para obtener respuestas cuando presentan un reclamo.
La propuesta pretende fortalecer las herramientas de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) y establecer mecanismos para que el consumidor pueda recibir compensaciones cuando se incumplan las condiciones de calidad del servicio.
En otras palabras, la discusión deja de ser únicamente sobre cuánto cuesta la electricidad.
También pasa por otra pregunta:
¿Qué recibe el consumidor a cambio de lo que paga?
El punto que puede cambiar el mercado
Los contratos de concesión de las distribuidoras actuales vencen en 2028. La reforma pretende establecer nuevas condiciones para ese proceso y fomentar una mayor competencia, incluso mediante mecanismos para facilitar la participación de nuevos actores.
Y aquí está uno de los puntos que merece mayor escrutinio legislativo:
¿Quién podrá competir por el negocio de la distribución eléctrica cuando llegue 2028 y bajo qué reglas?
Porque no se trata solamente de corregir las fallas actuales. Se están diseñando las reglas del mercado para los próximos años.
Más obligaciones para las distribuidoras
El proyecto aprobado incorpora además la electrificación de áreas rurales no servidas —incluidas zonas consideradas de difícil acceso o poco rentables— como una obligación vinculada a la actividad de las empresas distribuidoras.
La iniciativa busca atender a unas 58 mil familias que actualmente no cuentan con servicio eléctrico, según lo expuesto durante la discusión legislativa.
Eso plantea otro desafío:
¿Cuánto costará llevar electricidad a esas comunidades y quién terminará asumiendo ese costo?
Esa respuesta será fundamental para entender el verdadero impacto económico de la reforma.
La pregunta incómoda
El discurso oficial plantea una reforma orientada a proteger al consumidor. Pero una reforma eléctrica no se mide únicamente por lo que dice la ley.
Se mide por lo que ocurre después:
- ¿Bajarán los reclamos?
- ¿Se reducirán las interrupciones?
- ¿Habrá compensaciones efectivas cuando un usuario sufra daños?
- ¿Entrarán nuevos competidores al mercado?
- ¿Mejorará realmente la calidad del servicio?
- ¿Y terminará todo esto teniendo algún efecto sobre la factura eléctrica?
Esas son las preguntas que deberían acompañar el proyecto mientras avanza hacia el pleno.
La Comisión ya hizo su parte y aprobó el texto en primer debate.
Ahora empieza una discusión todavía más importante: determinar si las nuevas reglas realmente cambiarán el servicio que recibe el ciudadano o simplemente cambiarán las reglas bajo las cuales funcionará el negocio eléctrico.
Porque en 2028 no solo vencen concesiones.
También se pondrá a prueba el modelo eléctrico que Panamá quiere para los próximos años.
