El proyecto asciende a $35,111 millones, pero las instituciones han pedido más de $412 millones en reconsideraciones. Salud, infraestructura, agua y una deuda de aproximadamente $200 millones en primas de antigüedad aparecen entre las prioridades. La Comisión debe recomendar ajustes, pero la última palabra la tendrá el Ejecutivo
El Presupuesto General del Estado para 2027 entra en una etapa decisiva. Sobre la mesa hay un proyecto por aproximadamente $35,111 millones, pero las instituciones públicas han presentado solicitudes de reconsideración que superan los $412 millones.
Ese es el primer dato que merece atención. No se trata simplemente de conseguir más dinero. La discusión consiste en decidir de dónde saldrán los recursos y qué sectores tendrán prioridad.
La Comisión de Presupuesto, presidida por Eduardo Vásquez, se encuentra analizando las solicitudes después de concluir las vistas presupuestarias. Sus recomendaciones serán remitidas al Ejecutivo, que deberá decidir si las incorpora antes de que el proyecto avance en la Asamblea.
Salud pide más, pero recibió menos de lo solicitado
Uno de los principales focos está en el sistema sanitario. El Ministerio de Salud había solicitado $4,650 millones para 2027, pero el MEF recomendó $3,844 millones.
La diferencia alcanza aproximadamente $806 millones, un recorte de 17.3% respecto a la solicitud original del Minsa.
Y aquí aparece una contradicción que merece seguimiento:
Mientras la Comisión plantea salud como una de sus prioridades, el presupuesto recomendado por el Ejecutivo está por debajo de lo que el propio Minsa considera necesario.
La pregunta no es solamente cuánto dinero recibirá Salud.
La pregunta es:
¿Qué servicios, hospitales, medicamentos, equipos o proyectos tendrán que ajustarse si no aparecen esos recursos adicionales?
La deuda que también reclama espacio
Otro de los números importantes está relacionado con las primas de antigüedad.
El presidente de la Comisión de Presupuesto señaló que la deuda acumulada por este concepto ronda los $200 millones desde 2014.
El problema ya tiene ejemplos concretos. El Minsa informó que mantiene una deuda de $42.2 millones en primas de antigüedad con aproximadamente 7,000 exfuncionarios y que solicitó incluir esos recursos en el presupuesto de 2027.
La respuesta del MEF, según el propio Ministerio de Salud, fue recomendar cero dólares para ese renglón. Son miles de extrabajadores esperando un pago y un presupuesto que todavía no contempla los recursos solicitados para cubrir esa obligación.
¿Y qué pasa con la infraestructura?
El proyecto presentado por el Ejecutivo contempla $12,564 millones en inversión, destinados a áreas como agua, vivienda, carreteras, transporte, salud y educación.
Pero la discusión ahora es cuánto de ese dinero puede ejecutarse realmente. Porque presupuestar una obra no significa necesariamente construirla.
El seguimiento debería concentrarse en tres números: cuánto se asigna, cuánto se contrata y cuánto realmente se ejecuta.
Esa diferencia puede revelar dónde están los verdaderos problemas del gasto público.
La Asamblea recomienda, pero el Ejecutivo decide
Hay otro detalle que el ciudadano debería conocer. La Comisión de Presupuesto no puede simplemente aumentar el presupuesto por su cuenta.
Su trabajo en esta etapa es analizar las solicitudes y formular recomendaciones. La decisión sobre aceptar o no esas modificaciones corresponde al Ejecutivo.
Por eso, los próximos días serán importantes. La Comisión tiene previsto entregar sus recomendaciones alrededor del 12 de octubre.
Las preguntas que deberían seguirse
Más allá del discurso político, hay cinco preguntas concretas:
- ¿Qué instituciones recibirán recursos adicionales?
- ¿Cuáles quedarán fuera?
- ¿De dónde saldrán los fondos para cubrir las nuevas asignaciones?
- ¿Qué ocurrirá con los $42.2 millones que reclama el Minsa para primas de antigüedad?
Y cómo se garantizará que los miles de millones destinados a inversión terminen convertidos en obras y servicios ejecutados?
El presupuesto 2027 todavía no está cerrado.
Pero ya hay algo claro: hay más de $412 millones adicionales solicitados, una deuda laboral que ronda los $200 millones y sectores como salud que dicen necesitar mucho más de lo que el MEF recomendó.