Las trabas para movilizar mercancías entre Panamá y otros países centroamericanos elevan los costos logísticos y generan tensiones entre transportistas y empresarios. Aduanas defiende las medidas como una respuesta de reciprocidad, mientras el sector privado advierte que el consumidor podría terminar pagando la factura
El transporte terrestre de mercancías en Centroamérica enfrenta nuevas tensiones por las restricciones que varios países mantienen a los transportistas extranjeros. El problema tiene una consecuencia económica concreta: camiones que después de entregar mercancía deben regresar vacíos, operaciones menos eficientes y mayores costos para las empresas que participan en el comercio regional.
La situación vuelve a poner sobre la mesa una discusión que Panamá mantiene con países como Costa Rica, Honduras y Nicaragua. Mientras las autoridades panameñas justifican sus controles bajo el principio de reciprocidad, el sector empresarial advierte que las barreras están debilitando la integración comercial y restando competitividad a la región.
Arturo Rosabal, presidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio de Centroamérica (FECAMCO), manifestó su preocupación por las restricciones que dificultan que los transportistas puedan recoger mercancías en países distintos al de origen de sus unidades.
Según explicó, estas limitaciones obligan a reorganizar operaciones y reducen las posibilidades de aprovechar los viajes de retorno con carga, lo que termina incrementando los costos logísticos.
Para Rosabal, la región necesita recuperar condiciones que permitan un intercambio comercial más ágil, sencillo y económico. Considera que las restricciones representan un retroceso para la integración centroamericana.
Panamá responde con reciprocidad
La Autoridad Nacional de Aduanas sostiene que las medidas panameñas no son arbitrarias, sino una respuesta a las condiciones que enfrentan los transportistas nacionales cuando operan en otros mercados de Centroamérica.
Felipe Alejandro León, jefe de la Oficina Negociadora para la Integración Comercial de Aduanas, explicó que en países como Costa Rica, Honduras y Nicaragua los transportistas panameños encuentran restricciones para recoger mercancías después de realizar sus entregas.
La respuesta de Panamá consiste en aplicar condiciones equivalentes a los transportistas de esas nacionalidades.
En la práctica, pueden ingresar al territorio nacional, descargar la mercancía y salir, pero deben regresar sin carga, de acuerdo con la explicación ofrecida por el funcionario.
León reconoció que este mecanismo genera costos adicionales para las empresas, aunque sostuvo que no necesariamente produce grandes congestionamientos en los puestos fronterizos.
También señaló que algunas empresas panameñas recurren a transportistas extranjeros porque ofrecen tarifas más bajas, especialmente cuando estos buscan aprovechar un viaje de retorno para evitar desplazarse sin mercancía.
Lo que establece la legislación panameña
La discusión tiene también un componente legal. La Ley 51 de 2017, que regula el transporte de carga por carretera, establece en su artículo 4 que la circulación de vehículos extranjeros debe realizarse en estricta reciprocidad con las condiciones vigentes en el país de origen del transporte.
El artículo 6 también dispone que las cargas provenientes de almacenes fiscales, zonas francas y puertos deben ser transportadas por transportistas nacionales y por aquellos cuyos países permitan a los panameños realizar la misma actividad.
Este último punto tiene especial importancia para Panamá por el movimiento de mercancías que se origina en la Zona Libre de Colón y en sus principales instalaciones logísticas.
Sin embargo, que una medida tenga respaldo en la legislación nacional no elimina la necesidad de evaluar sus consecuencias económicas ni su compatibilidad con los compromisos regionales de integración comercial.
El costo que podría llegar al consumidor
El impacto económico no termina en las empresas transportistas. Cuando una operación requiere más kilómetros recorridos sin carga, cambios de proveedor, nuevos trámites o mayores tiempos de espera, esos gastos pueden trasladarse a importadores, distribuidores y eventualmente al precio final de los productos.
No obstante, hasta ahora no se ha presentado una medición pública que permita determinar cuánto dinero adicional están pagando las empresas panameñas por estas restricciones ni qué proporción de ese costo termina trasladándose al consumidor.
Ese vacío de información resulta relevante en un país que depende de las importaciones para abastecer buena parte de su mercado.
La pregunta es cuánto cuesta mantener este esquema de restricciones y quién termina absorbiendo la diferencia.
Panamá y Costa Rica mantienen conversaciones
El conflicto también ha llegado a la mesa diplomática y comercial. El 12 de agosto de 2026, los ministros de Comercio de Panamá y Costa Rica, Julio Moltó e Indiana Trejos, respectivamente, sostuvieron una reunión para abordar las diferencias relacionadas con el transporte terrestre de carga.
Ambos gobiernos acordaron intercambiar información sobre los movimientos de mercancías y las condiciones de operación de los transportistas, con el propósito de buscar alternativas que faciliten el comercio bilateral.
Costa Rica planteó la necesidad de eliminar restricciones que, según su posición, limitan la libre circulación de mercancías y la competencia en la prestación del servicio. Panamá, por su parte, informó que evaluaría la propuesta costarricense desde una perspectiva técnica, comercial y jurídica.
La integración digital avanza, pero las barreras continúan
Aduanas también destacó los avances en herramientas de facilitación comercial, entre ellas la Declaración Única Centroamericana (DUCA), la base de datos regional de conductores y la Plataforma Digital de Comercio Centroamericana.
Según información proporcionada por la institución, más de 2,900 conductores están registrados en la base de datos regional. Estas herramientas buscan reducir errores documentales, agilizar los procedimientos y mejorar el intercambio de información entre las autoridades.
Sin embargo, la modernización de los trámites no resuelve por sí sola las diferencias sobre quién puede transportar mercancías y bajo qué condiciones.
Las preguntas que siguen sin respuesta
El debate exige que las autoridades y el sector privado presenten cifras concretas sobre el impacto de estas restricciones.
¿Cuánto le cuesta a Panamá mantener este sistema de reciprocidad? ¿Cuántos viajes de retorno se realizan sin carga? ¿Qué volumen de mercancías está involucrado? ¿Cuánto pierden las empresas por las limitaciones operativas? ¿Existe una evaluación sobre el posible impacto en los precios de los productos importados?
También corresponde conocer qué resultados ha producido el diálogo bilateral iniciado en agosto y cuándo se espera una solución.
Panamá tiene derecho a defender a sus transportistas y exigir condiciones equitativas en el comercio regional. Pero esa defensa también debe medirse por sus resultados económicos. Porque cuando las mercancías se encarecen en la cadena logística, la factura puede terminar llegando a las empresas y a los consumidores.