Una decena de organizaciones, entre ellas Acción Ciudadana, filial de Transparencia Internacional, pidieron a la fiscal general, Consuelo Porras, gestionar ante un juez “la orden de captura correspondiente.
Organizaciones sociales de Guatemala solicitaron este lunes a la fiscalía una orden de captura contra el presidente saliente Jimmy Morales para procesarlo por varios delitos cuando el gobernante pierda su inmunidad el martes al entregar el cargo.
El mandatario enfrenta dos pedidos de la fiscalía para levantar sus fueros e investigarlo por delitos electorales durante su campaña de 2015, pero mantuvo su inmunidad gracias a sus aliados en el Congreso.
Una decena de organizaciones, entre ellas Acción Ciudadana, filial de Transparencia Internacional, pidieron a la fiscal general, Consuelo Porras, gestionar ante un juez “la orden de captura correspondiente al señor Jimmy Morales (…) y así se proceda a la investigación penal”.
Morales, un excómico de televisión, entregará la tarde del martes la presidencia al médico derechista Alejandro Giammattei.
Horas más tarde, el Parlamento Centroamericano (Parlacen) tiene programada una sesión para juramentar a Morales como diputado de ese organismo de integración regional, escaño que también le garantiza inmunidad.
“Las autoridades del Parlacen han decidido de forma anómala adelantar la toma de posesión de Jimmy Morales como diputado de ese organismo, para evitar que éste pierda la inmunidad al dejar de ser presidente de la República de Guatemala”, agregó el comunicado.
“Existe un real peligro de que el señor Morales evada la justicia penal en las horas que no poseerá inmunidad”, añadió.
La fiscalía y la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un ente adscrito a la ONU, acusan a Morales de financiamiento electoral ilícito en la campaña de 2015 de su partido, el derechista FCN-Nación.
Las organizaciones también demandaron que el mandatario sea procesado como responsable de la muerte de 41 niñas en un incendio en un refugio estatal ocurrido el 8 de marzo de 2017, durante su administración, en el que otras 15 menores resultaron heridas.