“Como integrante de la comunidad jurídica ahora en destino público, considero necesario compartir, a manera de Informe de Gestión del despacho que dirijo, las experiencias y reflexiones recogidas en este primer período”.
Con motivo del cumplimiento de un año en el desempeño del cargo de magistrado de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, el pasado 2 de enero, el abogado Carlos Alberto Vásquez Reyes realizó la correspondiente rendición de cuentas.
En el respectivo documento resaltó que “como integrante de la comunidad jurídica ahora en destino público, considero necesario compartir, a manera de Informe de Gestión del despacho que dirijo, las experiencias y reflexiones recogidas en este primer período”.
“Cuando me postulé al cargo, -afirmó el magistrado Vásquez- lo hice convencido que el derecho es un instrumento eficaz de paz y orden social. Por imperfecto que sea, es la única opción a la anarquía y la violencia. También lo hice porque considero que en la vida debemos ser parte de la solución y no del problema. Y por mi formación humanista: el ser humano como sujeto y objeto de toda actividad. Ser y vida. Ser y tiempo”.
Durante el acto de presentación de su informe, explicó que “el proceso de integrarse en un cuerpo colegiado complejo y reglado como lo es la Corte, requiere un período de ajuste. El abogado litigante tiene una visión externa del sistema. Un magistrado tiene responsabilidades atinentes al Pleno y a la Sala en la cual ha sido designado.
Cada despacho tiene un equipo de trabajo con el cual el magistrado debe integrarse como nuevo director y árbitro final de su producción jurídica”.
Fue claro al indicar que “se heredan expedientes en distintas etapas procesales e ingresa otra cantidad, a los cuales hay que darles el trámite de Ley. A escasas semanas de haber iniciado este camino, nos sorprendió la pandemia”.
En ese sentido, el magistrado Vásquez enumeró lo siguiente:
1.“La Covid-19 irrumpió sin invitación destruyendo todos los protocolos y la interacción social, parte esencial de los procesos jurídicos. Hubo suspensión de términos y adecuación a una nueva realidad que impacta el ejercicio del derecho.
2. Durante esta primera fase cumplimos con la presentación de la Declaración de Estado Patrimonial.
3. La crisis Covid-19 impulsó la adopción de medidas tecnológicas que estaban en proceso de implementación o que surgieron como alternativas a la emergencia sanitaria: el Reparto Electrónico de Procesos en la Sala Tercera y el uso de plataformas para reuniones de trabajo Pleno y, recientemente, el aplicado Reparto Electrónico de Expedientes del Pleno.
4. Al 2 de enero estaban pendientes de resolver 82 expedientes de causas de la Sala Tercera, de las cuales, al 28 de diciembre de 2020, restan 6.
5. Del 2 de enero de 2020 al 28 de diciembre de 2020, ingresaron al Despacho 148 expedientes de la Sala Tercera para resolver en el fondo.
6. El total de expedientes de Sala para resolver en el fondo al 28 de diciembre de 2020, fueron 210, se devolvieorn 140, quedando pendientes 70.
7. De enero a noviembre de 2020, el Despacho dictó 798 Resoluciones consistentes en 103 sentencias de fondo; 134 autos que resuelven apelación; 269 autos y providencias de trámite; 189 providencias de admisión; y 103 autos de prueba.
8. Total de expedientes de la Sala Tercera repartidos (nuevos ingresos), al Despacho 328 (Admisión), 635 (Apelación y otros trámites); y resolver fondo, 148.
9. En el Pleno había 9 expedientes para resolver fondo, al 2 de enero de 2020; luego de esa fecha ingresaron 74 para admisibilidad y otros y, 59 para resolver fondo. Del total para resolver, en el fondo quedaron pendientes 11 causas.
10. Del Pleno de la Corte se leyeron 1,022 proyectos de otros magistrados y se firmaron 697 resoluciones de otros magistrados.
11. De la Sala se leyeron 501 proyectos de otros magistrados y se firmaron 391 resoluciones de otros magistrados.
12. Las causas resueltas y de conocimiento de este Despacho, tanto en el Pleno como en la Sala Tercera, versaron sobre acciones de naturaleza constitucional y legal, entre otras, Demandas de Plena Jurisdicción y de Nulidad, Procesos Indemnizatorios, Cobro Coactivo, Asuntos Laborales, Acciones de Inconstitucionalidad, Objeción de Inexiquibilidad, Habeas Corpus, Habeas Data, Amparos de Garantías, respectivamente, de trascendencia para el Estado de derecho e institucionalidad.