“Condenar a la voleibolista Lara Lugli por su maternidad es violencia en contra de las mujeres”, opinó Maria Elisabetta Alberti Casellati, presidenta de la Cámara Alta de Italia.
Cuando la voleibolista italiana Lara Lugli se embarazó, sabía que iba a perder su empleo.
Sin embargo, cuando el club rechazó una solicitud que Lugli presentó para que le pagaran lo que ella afirma que le deben, la jugadora presentó una demanda. El club respondió al acusarla de provocar daño financiero y arruinar la temporada de su equipo, así que ella decidió alzar la voz.
El domingo, Lugli denunció en Facebook el trato que recibió, lo cual desató una indignación por toda Italia y una conversación que debió tenerse hace mucho tiempo. Su caso fue un llamado a la acción en un país en el que durante décadas muchas atletas asalariadas han carecido de protecciones legales en contra de la discriminación y en donde con demasiada frecuencia las mujeres deben elegir entre la maternidad y sus empleos.
“Comparar un embarazo con un mal comportamiento simplemente es muy bajo”, opinó Lugli, de 41 años. “Este problema no es solo conmigo”.
Su caso refleja una desigualdad de género más amplia en los deportes italianos, basada en ciertos estereotipos arraigados en un país que está posicionado en el lugar 76 del mundo en términos de brecha de género, según el Foro Económico Mundial.
Durante sus 25 años de carrera en el vóleibol, Lugli, como la mayoría de las atletas en Italia, firmó acuerdos con una cláusula que le permitía al club despedirla si se embarazaba. Lugli era una de las muchas atletas mujeres que, aunque reciben un sueldo por jugar un deporte, son clasificadas como “aficionadas” y tienen muchas menos protecciones legales que los atletas clasificados como profesionales.
“Era una concesión que siempre aceptaban todas las atletas”, comentó Lugli. “Cuando te embarazas, termina el contrato. Cada quien se va por su lado. Todo se acaba”.
Durante seis meses, su equipo había competido en el campeonato nacional del club Volley Maniago Pordenone, al noreste de Italia, antes de que su contrato terminara en marzo de 2019 porque estaba esperando un hijo. No obstante, su embarazo terminó en un aborto espontáneo un mes después.
Después del aborto espontáneo, la jugadora le pidió al club que le hiciera un pago de unos 3,000 dólares de su salario (alrededor de 24.000 dólares por temporada), que Lugli aseguró que le debían. Sin embargo, el club se rehusó y ella presentó una demanda. En respuesta, el club arguyó que su embarazo había provocado daños económicos porque hubo una caída en el desempeño después de su partida y como resultado perdió patrocinadores.
“La ley es la que debe cambiar”, comentó Mauro Rossato, miembro del consejo del club de Lugli. Rossato señaló que odió haber tenido que despedir a una jugadora por estar embarazada y que era claro que el gobierno debía “encontrar el modo de que las atletas embarazadas se ganen la vida, pero también para que los clubes lidien con ese tipo de golpes”.
En documentos presentados en la corte, el club arguyó que el comportamiento de Lugli provocó un grave daño porque “al momento del acuerdo contractual omitió su intención de tener hijos”. El club también argumentó que, después de terminado el embarazo, pudo regresar y terminar los últimos dos meses del campeonato, incluso desde la banca.
Sin embargo, Lugli declaró que no estaba preparada para esa labor.
“Después de mi aborto, casi me tiraba de una ventana”, comentó Lugli. “Por supuesto que no quería ir al gimnasio”.
Esta semana, sus revelaciones comenzaron a atraer el tipo de atención política que históricamente ha carecido este problema.
“Condenar a la voleibolista Lara Lugli por su maternidad es violencia en contra de las mujeres”, opinó Maria Elisabetta Alberti Casellati, presidenta de la Cámara Alta de Italia.
El miércoles, Elena Bonetti, ministra de la Familia y la Equidad de Oportunidades, comentó en Facebook que el hecho de que las mujeres deban elegir entre la maternidad y el trabajo “las pone en una situación de desigualdad” y las mujeres italianas ya no pueden tolerar esta realidad.
En Italia, solo los futbolistas, golfistas, basquetbolistas y ciclistas del más alto nivel firman contratos deportivos que los clasifican como “profesionales”. Las atletas, incluso en los más altos niveles —incluidas ganadoras olímpicas y seleccionadas nacionales de fútbol—, son consideradas “aficionadas” conforme a sus acuerdos laborales.
Esto permite que los clubes añadan cláusulas como la relacionada con el embarazo y eviten pagar costos laborales y pensiones.
Según algunos expertos, es probable que las cláusulas de embarazo no concuerden con las protecciones constitucionales de la maternidad, pero no pudieron recordar ningún desafío legal previo en contra de las cláusulas. Las jugadoras solían aceptar los términos porque la otra alternativa habría sido no trabajar en el deporte que eligieron.
“Se rindieron frente a este sistema, hasta que alguien abrió la caja de Pandora”, comentó Flavia Tortorella, abogada que se especializa en derecho deportivo.
Tortorella señaló que el caso de Lugli por fin podría comenzar un debate en torno a “por qué las mujeres llegamos al punto de aceptar la renuncia de nuestra maternidad para mantener un trabajo”.
En el bizantino mercado laboral de Italia, muchas mujeres con contratos laborales normales disfrutan de una licencia por maternidad y otras protecciones legales en contra de la discriminación de género. Sin embargo, una gran cantidad de mujeres en el deporte tienen trabajos con goce de sueldo que no son considerados profesiones. Son clasificadas como “aficionadas” y carecen incluso de los derechos más básicos como la libertad de no sufrir discriminación.
Si en Italia las atletas firmaran contratos profesionales —como en Estados Unidos y Noruega—, lo más probable es que las cláusulas de maternidad serían imposibles de imponer, opinó Tortorella.
“En parte, es un problema cultural y eso queda claro”, sentenció Luisa Rizzitelli, presidenta de Assist, una asociación nacional de atletas mujeres. No obstante, también refleja una falta de voluntad política para invertir la tendencia.
“Las mujeres en los deportes deben tener protecciones si se convierten en madres”, agregó Rizzitelli. “En 2021, esto simplemente ya no es aceptable”.
Causa justa la que pelea Lara Lugli.En su país debe aprobarse una ley de protección a las mujeres deportisas en estado de embarazo y si se da un aborto pagarles lo que se le adeuda. Es una arbitrariedad si se les despide por el simple hecho de ser madres dando lugar a la discriminación. Solo con poner ellas su firma en contratos profesionales, las clausulas de maternidad no serían impuestas para perjudicar la estabilidad laboral.
Si en en Italia los políticos saben lo que ocurre, busquen iniciativas para cesar esta mala práctica en contra de las mujeres para que los contratos profesionales sean más flexibles y no tan severos.