“Los intentos por forzar los reembolsos excesivos son contraproducentes porque reducen el potencial productivo de la economía”, escribieron en un análisis reciente Joseph Stiglitz, economista ganador del Premio Nobel y Kevin Gallagher, profesor de Desarrollo Global en la Universidad de Boston.
En un momento en el que la pandemia de la COVID-19 está provocando un aumento veloz de la desigualdad y la deuda, una cantidad cada vez mayor de formuladores de políticas y economistas están presionando al Fondo Monetario Internacional (FMI) para que elimine los cargos adicionales que cobra sobre los préstamos a las naciones en aprietos, pues los gobiernos de esos países deben desviar fondos, de por sí escasos, que podrían ser utilizados para combatir la COVID-19.
El fondo, que ha respaldado a los países con problemas financieros durante décadas, impone estas comisiones a los préstamos excepcionalmente grandes o de larga duración. Esas medidas fueron diseñadas para protegerse de pérdidas considerables a causa de los préstamos de alto riesgo.
Sin embargo, hay quienes critican esas medidas porque consideran que los recargos llegan en el peor momento posible, cuando los países están necesitados de fondos que les brinden servicios de salud pública y ayuda para enfrentar la pobreza. Algunos de los países que pagan las cuotas, entre ellos Egipto, Ucrania y Armenia, tan solo han vacunado a una tercera parte de su población. Según las críticas, el resultado es que el FMI termina socavando la estabilidad y el bienestar financieros de los países que intenta ayudar.
Esta semana, la crítica más reciente fue la carta que dieciocho demócratas en el Congreso, entre ellos las representantes Alexandria Ocasio-Cortez de Nueva York y Pramila Jayapal de Washington enviaron a la secretaria del Tesoro Janet Yellen, en la que se pidió que Estados Unidos respaldara el fin de la política de los recargos.
Los cargos adicionales “desalientan a los países en vías de desarrollo a invertir en salud pública”, decía la carta. “Este resultado perverso socavará la recuperación económica mundial”. La carta hizo eco de varias solicitudes de más de dos decenas de naciones emergentes, entre ellas Argentina, Sudáfrica y Brasil, así como de economistas.
“Los intentos por forzar los reembolsos excesivos son contraproducentes porque reducen el potencial productivo de la economía”, escribieron en un análisis reciente Joseph Stiglitz, economista ganador del Premio Nobel y Kevin Gallagher, profesor de Desarrollo Global en la Universidad de Boston. “Tanto los acreedores como el país mismo terminan en peor posición, son más pobres”.
Y agregaron: “El FMI no debería estar en el negocio de generar ganancias a partir de los países en dificultades”.
La función principal del fondo es ser un prestamista de último recurso, aunque a últimas fechas ha expandido su misión para incluir la reducción de la desigualdad extrema y el combate al cambio climático.
Además de acumular una reserva, los recargos estaban diseñados para alentar a los prestatarios a reembolsar a tiempo. Los países más pobres están exentos.
Las cuotas se han vuelto una importante fuente de ingresos para el FMI, cuyo financiamiento principal proviene de sus 190 naciones miembro, siendo Estados Unidos la que paga la mayor porción. El fondo estima que, para finales de este año, los prestatarios habrán pagado 4000 millones de dólares de cuotas adicionales —además de sus pagos regulares de intereses— desde que inició la pandemia en 2020.
El debate sobre los recargos es emblemático de mayores contradicciones en el núcleo de la estructura y la misión del FMI. El fondo fue creado para brindarles un salvavidas a las economías en problemas a fin de que pudieran recuperarse “sin recurrir a medidas destructivas de la prosperidad nacional o internacional”.
Sin embargo, los términos y condiciones que acompañan estos préstamos a veces han aumentado los problemas económicos. “Castigan a los países en un momento en el que están en una situación adversa, al forzarlos a realizar recortes más grandes para poder reembolsar la deuda”, según un análisis del Centro de Investigación en Economía y Política, un grupo de tendencia liberal con sede en Washington.
“Exigir esos recargos durante una recesión en curso a causa de la pandemia es ir todavía más en contra” de los principios rectores del FMI, arguye el centro.
El derecho a voto en la gestión del fondo se basa en el tamaño de la contribución monetaria de cada país y el único país que tiene el derecho a veto es Estados Unidos. Esto quiere decir que la voz de los países más necesitados es la que menos se escucha al momento de opinar sobre la manera en que el FMI cumple con su función.
En un comunicado, el Departamento del Tesoro reiteró su apoyo a los recargos: “Como el principal accionista del FMI, tenemos una obligación de proteger la integridad financiera del FMI”. Y señaló que las tasas de interés que cobraba el fondo a menudo eran mucho menores a las tasas del mercado.
El mes pasado, una revisión de los recargos, que realizaron los directores ejecutivos del fondo, terminó sin un acuerdo para detener estos cobros. Un comunicado del FMI explicó que, aunque “algunos directores estaban abiertos a explorar un alivio temporal de los recargos” para liberar recursos que mejor fueran destinados a la pandemia, la mayoría prefirió una revisión exhaustiva posterior en el contexto de las “perspectivas financieras totales” del FMI.
Algunos países con problemas económicos que están sujetos a los recargos, como Argentina, ya se habían opuesto a los pagos adicionales, pero su campaña ha retomado impulso con la propagación de la COVID-19.
“Creo que la pandemia hace una gran diferencia”, opinó Martín Guzmán, el ministro de Economía de Argentina.
Guzmán arguye que la pandemia volvió comunes algunas circunstancias que en otro momento habrían sido consideradas inusuales, debido a la enorme deuda que han aceptado muchos países para pagar sus costos crecientes. La deuda pública en los países emergentes ha alcanzado su nivel más alto en medio siglo.
La cantidad de naciones sujetas a los recargos aumentó de 15 en 2020 a 21 el año pasado, según el FMI. Pakistán, Egipto, Ucrania, Georgia, Albania, Túnez y Ecuador son algunos de los países que los están pagando.
Argentina, país que desde hace tiempo lleva una relación conflictiva y amarga con el fondo a causa de una serie de rescates e incumplimientos que datan de décadas, ha sido uno de los principales opositores a los recargos.
El país intenta reprogramar un nuevo reembolso de 45.000 millones de dólares que pidió prestado el gobierno anterior como parte de un paquete de préstamo de 2018. Según cálculos del gobierno, para finales de 2024, se habrá generado una cuenta de más de 5000 millones de dólares tan solo en recargos. Este año, el 70 por ciento de la cuenta de casi 1600 millones de dólares que le debe Argentina al FMI es de recargos.
“Estos cargos estarían socavando la misión del FMI, la cual es garantizar la estabilidad mundial y el equilibrio de pagos”, comentó Guzmán.
Según estimados del Banco Mundial, en 2020, 124 millones de personas fueron orilladas a la pobreza y ocho de cada diez viven en países de ingresos medios.