Carlos Mesa también rechazó la “amenaza” oficialista de nuevos procesos contra líderes opositores, incluyéndolo a él mismo, por la crisis postelectoral de 2019 que derivó en la renuncia de Morales a la Presidencia del país.
El expresidente de Bolivia Carlos Mesa consideró este domingo que la condena de 10 años de cárcel contra la exmandataria interina Jeanine Áñez es un “gran fraude procesal”, que vulneró el estado de derecho y acusó a la Justicia y al Ministerio Público de actuar “bajo las órdenes” del oficialismo boliviano.
En un video difundido en sus redes sociales, Mesa (2003-2005) sostuvo que el pasado 10 de junio “será recordado como un día infame” en el que se cometió “un gran fraude procesal” al sentenciar a 10 años de cárcel a Áñez, “por un delito que no existió, por un invento descarado, un golpe de Estado que está en la mente de quienes fraguaron ese supuesto hecho para blanquear el gigantesco fraude” en los fallidos comicios generales de 2019.
“Este fiasco procesal, este engaño al país, esta forma arbitraria de actuar que es autocrática y que demuestra que la Justicia obsecuente y el Ministerio Público servil están trabajando bajo las órdenes de (el exmandatario) Evo Morales y (el presidente) Luis Arce”, afirmó.
El también historiador manifestó que no se puede aceptar el “proceso exprés inventado por el Ministerio de Justicia” que, a su juicio, ha vulnerado elementos básicos del estado de derecho y los derechos humanos de los procesados, estableciendo la “venganza” como el aspecto central en que se basó el juicio contra Áñez.
“¿Qué democracia es esta en la que el procesado está detenido preventivamente antes de conocer su acusación?”, cuestionó Mesa y señaló al gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) de moverse bajo una “lógica destructiva”.
También sostuvo que no se puede “seguir tolerando esta Justicia podrida, este Ministerio Público completamente carcomido”.
La Fiscalía y el Órgano Judicial bolivianos han estado en la mira por males crónicos como la mora procesal o la corrupción, pero también por una falta de independencia según han observado entidades internacionales como Human Rights Watch (HRW).
Mesa también rechazó la “amenaza” oficialista de nuevos procesos contra líderes opositores, incluyéndolo a él mismo, por la crisis postelectoral de 2019 que derivó en la renuncia de Morales a la Presidencia del país y que para el Gobierno de Arce y el MAS fue un “golpe de Estado”.
El exmandatario deploró que quien haga esa “amenaza” sea “aquel que se burló” de los resultados del referendo de 2016 que rechazó una nueva candidatura de Morales para un cuarto mandato consecutivo.
Además acusó a Morales de haber tenido “la capacidad de la conspiración de dejar un vacío de poder” al salir del país tras su renuncia y pretender que con la vacancia “se iba a cortar la sucesión constitucional”.
“Esa es la lógica de quien tiene el poder total y quiere mantenerlo indefinidamente”, manifestó y aseguró que esto no se tolerará y que se dará una respuesta “democrática” y de diálogo.
Reiteró su pedido a Naciones Unidas y la Unión Europea para que se manifiesten sobre los sucesos de 2019 y emplazó a las autoridades a responder si estas entidades que facilitaron el diálogo durante la crisis “también son acusados” de haber dado un “golpe”.
Áñez fue condenada el viernes a 10 años de cárcel por los sucesos de 2019 que ocurrieron entre el 10 de noviembre, día en el que Evo Morales renunció a la Presidencia de Bolivia, y el 12, cuando la entonces senadora asumió el poder de forma transitoria.
La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, ratificó en una entrevista con el canal estatal Bolivia TV la postura del Gobierno boliviano ante el fallo, al considerar que la sentencia “sienta un precedente histórico respecto a las rupturas del orden constitucional” y que se sepa que “nadie puede autoproclamarse” autoridad.
También afirmó que fue “un primer paso histórico y se debe seguir hasta conseguir justicia” para los fallecidos y heridos en 2019.