Cancillería panameña amenaza con tomar acciones diplomáticas si Martinelli emite opiniones políticas desde la embajada sandinista
Al conocer la negativa de Panamá de otorgarle el salvoconducto solicitado al expresidente Ricardo Martinelli, el régimen de Nicaragua afirmó que el asilo político le fue concedido por “encontrarse en riesgo inminente su vida, integridad física y seguridad”. Añadió que se trata de un asunto “meramente humanitario y es consecuente con el Derecho Internacional en esta materia”.
“No reconocer el asilo y negar el salvoconducto, constituye una violación a las Convenciones sobre Asilo, en particular al artículo 2, disposición tercera, de la Convención sobre Asilo de 1928”, dijo la Cancillería nicaragüense en un comunicado. Martinelli se encuentra desde hace cuatro días refugiado en la sede diplomática sandinista en esta capital.
El gobierno panameño, a través de la Cancillería, dijo que “la solicitud de salvoconducto para la salida de la República de Panamá del señor Ricardo Martinelli, ha sido denegada en base a lo que dispone el Artículo 1 de la Convención sobre el Asilo de 1928 y de la Convención sobre Asilo Político de 1933”.
Recordó a la embajada de Nicaragua que debe “garantizar que la sede de la Misión Diplomática a su cargo preserve sus funciones que está llamada a cumplir”. Emitió, a la vez, una amenaza al señalar que toda declaración que emita el expresidente Martinelli desde la sede diplomática nicaragüense y “repercuta en la política doméstica de Panamá, será considerada una injerencia en los asuntos internos” del país y, por tanto, generará “consecuencias diplomáticas”.
Horas antes del pronunciamiento oficial de Panamá, un alto funcionario del Departamento de Estado en Washington dijo que otorgar asilo político a Martinelli por parte de Nicaragua es una “medida más para socavar el Estado de Derecho y subvertir a la justicia”, lo que fue interpretado como una forma de presión sobre el gobierno de Laurentino Cortizo.
“Los funcionarios gubernamentales que traicionan la confianza pública deben rendir cuentas”, dijo el funcionario responsable de los asuntos latinoamericanos en la administración de Biden.
Por su parte, el régimen sandinista recordó que Managua actúo conforme al artículo 2 de la Convención sobre Asilo Político de 1933, y que corresponde al Estado que presta el asilo, la calificación política del asilo otorgado.
Sostuvo, al mismo tiempo, que el gobierno panameño debe respetar el asilo político dentro del derecho humanitario, de acuerdo con el derecho internacional y las leyes del país que otorga el asilo.
“El gobierno del Estado que otorga el asilo –dijo la cancillería sandinista- podrá exigir que el asilado sea puesto fuera del territorio nacional dentro del más breve plazo posible, y el agente diplomático del país que hubiere acordado el asilo, podrá a su vez demandar las garantías necesarias para que el asilado salga del país, respetándose la inviolabilidad de su persona”.
Nicaragua reafirmó su respeto al Derecho Internacional y al principio de no injerencia en los asuntos internos de otros Estados, en respuesta a las amenazas a de la Cancillería panameña.