Este despacho proceso y condenó al expresidente Ricardo Martinelli en un polémico proceso
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó el cierre del Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales, el cual se hará efectivo a partir del jueves 1 de agosto de 2024, informó el diario Panamá América.
La decisión se tomó tres meses después de que pasaron las elecciones generales. Uno de los últimos casos polémicos manejados en este Juzgado fue la condena al expresidente Ricardo Martinelli, la cual fue usada para inhabilitarlo como candidato a la Presidencia de la República.
Fuentes consultadas por Panamá América aseguraron que este fue el verdadero objetivo de dicho juzgado, en el cual se procesaron a muchas figuras relacionadas con el expresidente Martinelli, lo que deja en evidencia que fue usado para persecución política.
Marquínez, a partir de este 1 de agosto, pasará a ser juez de juicio en el Sistema Penal Acusatorio (SPA).
Esta semana circuló una nota enviada por Anel Caballero, jefe encargado de la Oficina de Asuntos Jurídicos Internacionales de la Corte Suprema de Justicia, que reveló irregularidades en el proceso de notificación de la condena al expresidente Martinelli.
Caballero, en la nota con fecha de 15 de abril de 2024, indicó que, debido a la condición de asilo político otorgada a Martinelli por la misión diplomática de Nicaragua, se debía confeccionar una solicitud de asistencia internacional, la cual sería enviada a ese Estado. Una vez revisada la petición por las autoridades nicaragüenses, estas, a través de sus canales, podrán designar al representante de la misión diplomática para efectuar la notificación solicitada.
Caballero explicó que dicha notificación se realizaría respetando la inviolabilidad de los locales de la misión diplomática, conforme a las convenciones internacionales, considerando que son una extensión del territorio nicaragüense. Por tanto, se debían seguir los procedimientos en materia penal para realizar las notificaciones.
El jefe jurídico aclaró que este procedimiento podría requerir un mínimo de cuatro meses desde su envío para obtener una respuesta de las autoridades competentes, sin embargo, todas las recomendaciones enumeradas por el funcionario fueron ignoradas violando el debido proceso en el caso de Martinelli.
“Una de las tantas violaciones a mi proceso de persecución política, donde me inhabilitaron políticamente, sin notificarme adecuadamente, violándome el debido proceso después de fabricar un caso político para tal fin. Hay decenas de violaciones más”, dijo el expresidente Martinelli en su cuenta de X.