Denuncian la paralización de los trabajos sin inspección previa
Promotores de un proyecto habitacional de interés social en el corregimiento de Pacora denuncian la paralización de la obra por órdenes del Ministerio de Ambiente (MIAMBIENTE), sin que haya fundamento legal, informó el diario Panamá América.
Según planteó el rotativo, la situación ha provocado pérdidas por $250,000 a los empresarios, una situación que podría configurarse en arbitrariedades, hostigamientos, desviación de poder, amedrentamiento y conductas posiblemente penales.
Detalló que sin haber sido notificados de la existencia de un expediente administrativo en su contra y pruebas de que hayan incurrido en la comisión de un daño ambiental inminente, MIAMBIENTE ordenó la suspensión del proyecto habitacional Villa del Este de interés social en Pacora.
Según firma de abogados Servicios Legales Integrados (SLI), apoderados legales del proyecto, la subdirectora de la Dirección de Verificación del Desempeño Ambiental se presentó el 14 de agosto del 2024 pasado y a través de una simple boleta de citación ordenó la paralización de los trabajos sin hacer ninguna inspección que justificara la medida.
“Sencillamente, llegó, entregó la nota y se fue. Violentó el debido proceso y la seguridad”, comentó un vocero de la Firma de Servicios Legales Integrados.
Los abogados de la promotora denuncian que han solicitado copia completa del expediente a la Dirección Regional Metropolitana y se les ha negado.
El 20 de agosto, la Dirección Regional de Panamá Metropolitana ordenó el levantamiento de paralización de la obra, pero los promotores se sienten atemorizados de que puedan ocurrir más hostigamientos.
En otro caso, la Fiscalía Superior Anticorrupción llevó a cabo un recorrido en dos locales comerciales que fueron arrendados durante tres años, pero nunca utilizados por MIAMBIENTE y que serían destinados a albergar la Oficina Administrativa de Asuntos Indígenas y Auditoría Interna.
La actual administración de MIAMBIENTE interpuso ante la Fiscalía Anticorrupción la querella por el alquiler de los locales que en el periodo del 2021 al 2023 generaron desembolsos por $68,580.
La fiscal Anilú Batista Carles solicitó toda la documentación relacionada con los contratos de arrendamiento de dichos locales, con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.