Tras discutirse la reforma de la Caja Seguro Social, el presidente Mulino desea hacer frente el próximo año a la mina cerrada en las montañas de Colón.
El 20 de octubre pasado se cumplió un año desde que el gobierno de Cortizo, decidió sancionar a la brava y a tambor batiente un contrato totalmente ofensivo a los intereses nacionales.
La falta de visión de algunos y la terquedad gubernamental para reformar con seriedad lo que se había negociado con los representantes de la minera, como pretendíamos muchos, llevó al país, sobre todo a los jóvenes, a conducir la protesta hacia un no rotundo a la minería.
Las consecuencias de lo ocurrido por la falta de visión de la empresa y del gobierno PRD fueron nefastas, sobre todo para la población de Chiriquí. El país se paralizó por dos meses.
Pero, ¿se podrá dejar cerrada para siempre la mina? Históricamente Panamá ha sido un país minero. Al llegar los españoles la minería era la principal actividad de los originarios. Nuestro oro era codiciado por todos. Esta actividad, bien manejada, es fuente de muchas riquezas.
Lo vemos tan cerca como en México, Perú y Chile, países vecinos que han desarrollado la minería como uno de sus bastiones económicos de desarrollo, bajo los más estrictos controles ambientales modernos exigidos para la industria.
SUGERENCIAS
Doy algunas ideas de cómo se debe manejar este tema, siempre mirando los mejores intereses de la población y atendiendo los requerimientos ambientales, tal como se ha hecho en otros países que permiten la minería a cielo abierto.
1. Se debe crear una entidad autónoma para que se encargue de todo lo relacionado a la actividad minera, actualmente relegada a una dirección de segunda categoría y sin recursos del Ministerio de Comercio e Industrias.
2. En cualquier mina que se autorice, el Estado debe ser el mayor accionista (51%) frente al concesionario (49%), quien podrá tener la administración del proyecto, supervisaba por la entidad que se cree, que servirá para regular y supervisar el sector. El aporte del Estado a la mina, cualquier que sea, consiste en el otorgamiento de la concesión, el cual tiene un gran valor.
3. Las comunidades circundantes a una mina deben ser parte de los beneficios de la misma. Así como se hizo con la empresa AES en la construcción de la represa Chan II en la comarca Ngöbe Buglé en Bocas del Toro, parte de las obligaciones del concesionario fue dotar de escuela y centro de salud a las comunidades afectadas.
4. En el caso de minas que se encuentren dentro de territorios comarcales, caso de Cerro Colorado, sus habitantes deben ser beneficiarios directos de sus utilidades. Hay ejemplos como los existentes en los Estados Unidos con las reservas indígenas que son dueñas de los casinos que se establezcan en sus territorios. Para ello habría determinar cómo dichas comunidades participarán en la operación minera.
5. Antes de que se levante la moratoria minera establecida tras los acontecimientos del pasado año, el gobierno tendrá que actualizar el Código Minero y crear la institución que se encargará, así como lo hace con el Canal de Panamá (ACP), de administrar el productivo sector. Para ello será necesario dotar a esa entidad de la independencia que tiene la ACP.
6. Lo más importante. Panamá es dueño del cobre y de los otros minerales que se obtenga, pero alguien, luego de extraído, es el que lo procesa e incide sobre su precio. Se debe obligar a quien obtenga la concesión de procesar en territorio nacional el producto que obtenga. Esto promoverá más riquezas para el país y se fomentará la creación de muchos nuevos empleos. La manufactura en Panamá de lo que se produzca dinamizará el mercado laboral.
7. Las universidades públicas deben reformar sus currículos para preparar a más profesionales y técnicos en estas actividades. La oposición a cualquier movimiento que cambie el status quo de No a la minería, causará muchas ronchas. Lo sabemos.
Sin embargo, pensando en los mejores intereses del país y atendiendo todos los retos ambientales que se presenten, tenemos frente a nuestra cara una realidad: Bajo nuestro suelo hay un gran tesoro que no estamos aprovechando. Y que, de hacerlo, podríamos disponer de los recursos necesarios para sacar del estado de pobreza en que se encuentran muchos panameños. El bienestar del país debe estar por encima de todo.