La propuesta de deportaciones masivas de millones de ilegales será la primera medida a ejecutar por la nueva administración del presidente electo Donald Trump.
El principal tema de la pasada campaña electoral gringa en Estados Unidos será un hecho, a partir del próximo 20 de enero del próximo año.
Es una realidad, Panamá deberá organizarse. De seguro nos afectará directamente elevando las amenazas de las actuales alertas de la seguridad nacional.
En las deportaciones masivas de ilegales ya existen un antecedente, cuando fueron expulsadas las pandillas de los Maras Salvatruchas (MS-13) El Salvador. En el 2017 tuvo un efecto directo que desestabilizó a Centro América.
El Salvador supo aplicar las políticas correctas cuando atacó directamente los elementos de la MS-13. El presidente Bukele con su fuerte liderazgo enfrentó a las pandillas.
En marzo del 2022, el gobierno de El Salvador lanzó una de las ofensivas de seguridad más implacables de su historia, en su más reciente intento por debilitar a las tres principales pandillas del país: La Mara Salvatrucha (MS13), el Barrio 18 Revolucionarios (18R) y el Barrio Sureños (18S).
No hay otro método de defender a la Patria amenazada. Esos miles de ilegales difícilmente se adaptarían a una sociedad panameña. No tiene comparación esa amenaza para nuestra estabilidad.
Esa realidad es la que enfrentamos como nación. Los migrantes ilegales buscarán el mejor país que les garantice su estatus económico.
Panamá es su mejor opción para intenta radicarse, pues disponemos de una buena economía y desarrollo.
El actual frente interno ya debilitado deberá asumir esa realidad. Las autoridades del ramo están obligados a desarrollar nuevos planes, políticas migratorias, cambiar los blancos de inteligencia, priorizando la migración como la principal amenaza al Estado nacional. Y no es el narcotráfico, como está enfocado actualmente.
Panamá debe adaptarse, planificar nuevas estrategias de seguridad nacional para estar en capacidad de enfrentar esa amenaza externa.