Detrás de la conjura estaba el exministro de Defensa, el general Walter Braga Netto, estrecho colaborador de Jair Bolsonaro
Luiz Inacio Lula da Silva dibujó este martes la mejor de las sonrisas posibles mientras se tomaba una fotografía más con sus colegas presidentes y jefes de Estado en el cierre de la cumbre del G20, en Río de Janeiro. Muchos de los analistas que observaron la imagen no dudaron en sostener que, en ese momento, la mente de Lula podía estar en otra parte.
La policía brasileña había detenido al exministro de Defensa del expresidente Jair Bolsonaro, el general Walter Braga Netto y otros uniformados, tres coroneles y un policía, acusados de planificar el asesinato de un Lula que acababa de ganar las elecciones en octubre de 2022, informó el diario español El Periódico.
No solo querían matar al hombre que había derrotado a Bolsonaro. También a su vicepresidente, Geraldo Alckmin y, posteriormente a Alexandre de Moraes, entonces presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSF) e integrante del Tribunal Supremo (STF).
Uno de los operativos de la Policía Federal (PF) tuvo lugar en la misma Río ciudad sede de la cumbre de los países que representan el 85% del PIB mundial.
De Moraes consideró que existen “indicios robustos y gravísimos” de que se planeaba pasar de las palabras a los hechos, refutando a senador Eduardo Bolsonaro, hijo del líder de la ultraderecha, quien no solo criticó las detenciones: las calificó de ilegal.
“Por más repugnante que sea pensar en matar a alguien, no es un crimen”. Las investigaciones que desembocaron en el descubrimiento del grupo los kids pretos (muchachos negros) apuntan contra su padre. El exmandatario tiene prohibido abandonar el país. Se le ha retirado su pasaporte.
Las revelaciones sobre la trama criminal tienen cierto tinte cinematográfico, no porque se traten de fabulaciones sino debido a la osadía de los complotados.
De acuerdo con la PF, “para la ejecución del presidente Lula y teniendo en cuenta su vulnerabilidad de salud y sus frecuentes visitas a los hospitales, se analizó la posibilidad es recurrir al envenenamiento o al uso de productos químicos para provocar un colapso orgánico”.
La conjura se planificó en medio de los acampes de ultraderechistas frente a las unidades del Ejército y con el reclamo del bolsonarismo de una intervención que impidiera el retorno de Lula al Palacio Planalto por tercera vez.
El 8 de enero del 2023 se intentó tomar por asalto la sede de los tres poderes del Estado y en las vísperas de la cumbre del G20 se desactivo un intento de hacer volar por los aires la sede del STF. El hombre que intentó detonar el explosivo es un seguidor radical de Bolsonaro.
Para Bruno Boghossian, columnista del diario paulista ´Folha`, “la planificación de un golpe para mantener a Jair Bolsonaro en el cargo fue esencialmente una operación militar”. Miembros de las Fuerzas Armadas “hicieron preparativos para anular las elecciones, secuestrar autoridades y asesinar al futuro presidente. Establecieron un régimen de excepción que sería controlado por los generales que habían patrocinado el ascenso del capitán en 2018”.
Las recientes investigaciones “son una prueba más de que la implicación de los militares en la trama golpista nunca fue un hecho aislado”.
Los mensajes obtenidos por la PF “muestran que el general de reserva Mario Fernandes organizó una operación clandestina. La acción incluía la vigilancia de objetivos, el uso de un lanzagranadas e incluso el envenenamiento de Lula y Alexandre de Moraes. Según los investigadores, llevó el plan al Palacio de la Alvorada, donde se refugiaba Bolsonaro”.
La nueva revelación no hace más que confirmar la línea de los investigadores que en marzo pasado lograron los testimonios de los generales que en el 2022 estaban al frente del Ejército y la Fuerza Aérea, según los cuales Bolsonaro intentó reclutarlos sin suerte para bloquear la llegada de Lula a la presidencia. En cambio, el jefe de la Marina se sumó al complot.