La Corte Penal Internacional los acusa de ser los máximos responsables de la comisión de crímenes de guerra y lesa humanidad en la Franja de Gaza
La Corte Penal Internacional (CPI) ha dictado este jueves órdenes de detención contra el jefe del régimen israelí, Benjamin Nentayahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, como máximos responsables de la comisión de “crímenes de guerra y lesa humanidad” en la franja de Gaza al menos desde el 8 de octubre del año pasado, informó el diario catalán La Vanguardia.
El país hebreo no reconoce la autoridad de la CPI, pero los 124 países que sí lo hacen estarían obligados a detener a Netanyahu si este viajara a sus respectivos territorios.
Con esto, la Sala de Cuestiones Preliminares rechazó por unanimidad las impugnaciones presentadas en septiembre por Israel, que negaba la jurisdicción de la CPI sobre la situación en el Estado de Palestina en general, y sobre los ciudadanos israelíes en particular. El régimen israelí también había exigido a los jueces que detuvieran “cualquier procedimiento relacionado con la situación”.
“No es necesario que Israel acepte la jurisdicción de la Corte, ya que esta puede ejercer su jurisdicción sobre la base de la jurisdicción territorial de Palestina, como se determinó anteriormente”, advirtió la Sala.
Consideró además que los Estados “no pueden impugnar la jurisdicción de la Corte antes de la emisión de una orden de arresto, por lo que la impugnación de Israel es prematura”, añadió.
Ni Netanyahu ni Gallant se han pronunciado por el momento, pero el presidente israelí, Isaac Herzoc, tildó las órdenes de “una decisión absurda”.
El exprimer ministro israelí Naftali Bennett tachó de “vergüenza” la decisión de la CPI, mientras que el principal líder de la oposición israelí, Yair Lapid, también denunció la medida del tribunal con sede en La Haya, calificándola de “recompensa al terrorismo”.
La administración de Joe Biden se opone a que la CPI actúe contra los líderes de Israel ya que cree que no tiene jurisdicción sobre el caso. Varios miembros del Congreso estadunidense advirtieron durante la primavera que, si La Haya movía ficha en a favor de las órdenes, aprobarían sanciones contra miembros del tribunal.