Duterte fue detenido este martes al aterrizar en Manila, procedente de Hong Kong
Un avión con el expresidente de Filipinas Rodrigo Duterte partió este martes a La Haya, horas después de que fuera detenido en Manila tras una orden de arresto de la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes contra la humanidad, y que su hija, Sara Duterte, califica de una extradición “a la fuerza”, informó la agencia EFE.
“El avión está en ruta hacia La Haya, lo que permitirá que el expresidente se enfrente a cargos por crímenes contra la humanidad en relación con su sangrienta guerra contra las drogas”, anunció el actual mandatario filipino, Ferdinand Marcos Jr.
Duterte abandonó el país asiático a bordo de un vuelo chárter con número de registro RP-C5219, afirmó la cadena de televisión GMA, que indicó que la aeronave abandonó la base aérea Villamor de Pasay City, en el área metropolitana de Manila.
Acompañan a Duterte su exsecretario Salvador Medialdea, un enfermero y un asistente, publica por su parte el medio filipino Rappler.
Sara Duterte, vicepresidenta de Filipinas e hija del expresidente, había afirmado poco antes del despegue que su padre será “trasladado por la fuerza” a La Haya y que se encontraba ya a bordo de un avión.
El expresidente “debería haber sido trasladado a una corte local” para ser extraditado, dijo su hija a los medios de comunicación desde las afueras de la base aérea de Villamor, y, sin embargo, se encuentra a bordo de un avión chárter que permanece sobre la pista de despegue, advirtió.
Duterte, de 79 años de edad, fue detenido al aterrizar en Manila procedente de Hong Kong, después de que la CPI emitiera una orden de arresto por crímenes de lesa humanidad remitida por Interpol a las autoridades del país asiático, según un comunicado de la oficina presidencial de Filipinas.
El desenlace actual tiene su origen en la guerra contra las drogas que Duterte emprendió durante su mandato (2016-2022), durante la que murieron unas 6,000 personas en operativos antidroga y debido a ejecuciones extrajudiciales, según las cifras de la Policía, mientras ONG locales elevan la cifra a más de 30,000 fallecidos.
La CPI inició una investigación por las ejecuciones extrajudiciales, a pesar de que Duterte retiró a Filipinas del organismo en el 2019 para evitar ser implicado, y en el 2021 vinculó a las autoridades y fuerzas de seguridad con los crímenes cometidos.