La resolución del conflicto reciente mostró una dinámica diferente
Las recientes protestas sociales contra Ley 462, que paralizaron al país durante varias semanas, han dejado importantes secuelas que, según la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), deben ser evaluadas con responsabilidad para evitar futuros escenarios de ruptura social, económica e institucional, de acuerdo con información del diario La Estrella.
En un pronunciamiento liderado por su presidenta, Giulia De Sanctis, Apede advirtió que, si bien Panamá ya había atravesado momentos de tensión social en el 2022 y el 2023, la resolución del conflicto reciente mostró una dinámica diferente, en la que sectores tradicionales como el movimiento sindical perdieron respaldo ciudadano.
“El movimiento sindical vivió un punto de inflexión. La desmovilización espontánea de los trabajadores refleja la necesidad urgente de fortalecer liderazgos responsables y con visión de país”, dijo De Sanctis.
Uno de los focos más críticos se vivió en Bocas del Toro, donde la Apede denunció que la prolongación innecesaria de las medidas de presión, incluso tras acuerdos parciales, generó la pérdida de más de 7,000 empleos, los sectores más golpeados fueron el banano, el turismo y los pequeños comercios.
La situación también derivó en brotes de violencia, con daños materiales que destruyeron no solo edificios, sino también los sueños y esfuerzos de pequeños empresarios.
“La afectación fue generalizada: empresas, trabajadores y comunidades enteras sufrieron un impacto de largo alcance”, subrayó De Sanctis.
Apede también señaló que uno de los daños más preocupantes fue en el ámbito educativo. las clases se suspendieron durante semanas en varias regiones del país por los paros docentes, afectando directamente a miles de estudiantes, sobre todo en áreas vulnerables.
“La educación no puede seguir siendo usada como herramienta de presión. Debe resguardarse como una prioridad nacional”, sentenció la presidenta del gremio.
En este contexto, Apede llamó a reconstruir la confianza ciudadana y fomentar espacios de diálogo que prioricen el interés colectivo sobre intereses particulares o ideológicos.
Por su parte, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) respaldó las declaraciones de Apede y reiteró la necesidad de mantener la disciplina fiscal y la recuperación del orden en las finanzas públicas, avances que han contribuido a estabilizar el panorama económico.
La CCIAP también reconoció los esfuerzos institucionales por atender la crisis estructural de la Caja de Seguro Social (CSS), pero enfatizó que aún no existe una solución sostenible que involucre a todos los actores sociales.
En cuanto a la educación, el gremio subrayó que urge una reforma profunda del sistema, que incluya infraestructura moderna, mejor formación docente y equidad en el acceso a una educación de calidad. Según su análisis, Panamá debe formar ciudadanos críticos y productivos capaces de impulsar el desarrollo nacional.
Ambos gremios coincidieron en que este primer año de gobierno representa un punto de inflexión para el país y que es urgente tomar decisiones valientes y estratégicas que encaminen a Panamá hacia un desarrollo más sostenible, justo e inclusivo.
“Nuestro compromiso es seguir impulsando espacios que fortalezcan la institucionalidad, promuevan la reactivación económica y defiendan la educación como un pilar del desarrollo humano”, concluyó Giulia De Sanctis.