Pone en evidencia una problemática compleja que obliga al Estado a redoblar sus esfuerzos para garantizar el derecho a la identidad
Una cifra inesperada y reveladora surgió del Censo Nacional de Población y Vivienda del 2023: 942 personas viven en Panamá sin nacionalidad reconocida, es decir, en condición de apatridia, de acuerdo con un informe del diario La Estrella.
No cuentan con documentación de su país de nacimiento ni han sido registradas legalmente en Panamá, quedando en una situación de alta vulnerabilidad jurídica y social.
Este hallazgo va más allá de la estadística, pone en evidencia una problemática compleja que obliga al Estado a redoblar sus esfuerzos para garantizar el derecho a la identidad y evitar que haya personas “invisibles” ante el sistema legal.
A esta realidad se suma otra, la de panameños no registrados al nacer, un fenómeno conocido como subregistro, que aunque ha disminuido, persiste especialmente en regiones rurales e indígenas, ambas situaciones —apatridia y subregistro— suelen confundirse, pero tienen diferencias clave en sus causas y consecuencias.
“La apatridia es la ausencia de nacionalidad reconocida por cualquier país. El subregistro es una omisión en el trámite de inscripción del nacimiento dentro del plazo legal”, explicó Sharon Sinclaire, directora nacional del Registro Civil.
En el 2011, el 14% de los nacimientos en Panamá no estaban registrados, para el 2022, esa cifra bajó al 1%, gracias a medidas como el registro automático desde hospitales, que actualmente atienden el 90% de los nacimientos.
Cuando los padres no formalizan el trámite en seis meses, el Registro Civil completa el proceso, incluso asignando un nombre temporal, para asegurar que ningún niño quede fuera del sistema.
En áreas de difícil acceso, como la comarca Ngöbe Buglé, el Estado ha desplegado registradores auxiliares, en el 2023, más de 5,000 nacimientos fueron inscritos por esta vía, incluyendo 2,300 en esa comarca.
Aun así, el censo reportó que 2,6% de los nacimientos no estaban registrados, y que el 38% de esos casos se concentran en Ngöbe Buglé.
A diferencia del subregistro, la apatridia plantea desafíos legales más complejos, de los 942 casos detectados, entre 600 y 700 son adultos, pero también hay menores: 11 bebés de menos de un año, 69 niños entre 7 y 11 años, y 88 adolescentes entre 11 y 17 años. Están dispersos por el país, fuera de las comarcas indígenas.
Algunos de estos casos corresponden a migrantes que ingresaron por la selva del Darién y no han logrado regularizar su estatus, otros provienen de familias que huyeron de conflictos en Colombia u otros países, y que nunca fueron registrados oficialmente en su nación de origen.