El juez del Supremo de Brasil descarta que los recursos de Jair Bolsonaro alteren su condena por intento de golpe de Estado
El juez del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, Alexandre de Moraes, aseguró que no espera cambios sustanciales en la condena de 27 años de cárcel impuesta al expresidente Jair Bolsonaro por su papel en el intento de golpe de Estado de enero del 2023, informó la agencia EFE.
“En teoría, los recursos no tienen efectos modificativos en la decisión”, explicó De Moraes, quien actúa como relator del caso y es uno de los cinco magistrados que integraron el tribunal que condenó al exmandatario, añadió que espera que la sentencia firme se conozca antes de que termine el año.
El juez, que participa en la Conferencia Mundial de Justicia Constitucional (WCCJ) celebrada en la capital española, evitó pronunciarse sobre si Bolsonaro -actualmente en prisión domiciliaria- será encarcelado, pero subrayó que “todos los reos condenados a régimen cerrado irán a régimen cerrado, conforme a la Ley de Ejecución Penal”.
Asimismo, rechazó de forma tajante la posibilidad de una amnistía. “Los atentados y crímenes violentos contra la democracia son inadmisibles por la Constitución brasileña de perdón judicial, indulto presidencial o amnistía por el Congreso Nacional”, afirmó.
De Moraes defendió que “pacificación no es sinónimo de cobardía, de impunidad o de apaciguamiento” y que quienes atentaron contra las instituciones, incluso planificando el asesinato del presidente y vicepresidente electos y del titular del Tribunal Superior Electoral, “deben cumplir sus penas”.
El magistrado considera que la sociedad brasileña respalda mayoritariamente las condenas y se opone a cualquier intento de suavizarlas. “El pueblo entiende que quien atenta contra la democracia debe responder por ello”, sostuvo, destacando que en menos de dos años la Justicia ha resuelto 1.600 acciones penales, con 700 confesiones y 550 condenas a penas de entre 12 y 17 años.
De Moraes ha sido objeto de sanciones por parte de Estados Unidos bajo la Ley Magnitsky, junto con su esposa, la abogada Viviane Barci, por supuestas violaciones de derechos humanos. El juez calificó esas sanciones de “intento de injerencia” en los asuntos de un país soberano.
“No le corresponde a ningún país extranjero inmiscuirse en los asuntos de Brasil”, afirmó, asegurando que las medidas “no le han afectado en nada” y que su vida continúa “absolutamente idéntica”.
También respondió a los intentos de la defensa de Bolsonaro de cuestionar su independencia. “Yo no soy víctima de los crímenes contra la democracia; el Estado brasileño es la víctima”, señaló. Y añadió que “las amenazas forman parte del cargo”, recordando su experiencia previa como ministro de Justicia y Seguridad Pública y su lucha contra el crimen organizado.
El magistrado también abordó la polémica suspensión temporal de la red social X (antes Twitter) en Brasil, que él mismo ordenó en agosto de 2024, durante 38 días, tras considerar que la plataforma no cumplía las leyes nacionales.
“Cada país tiene su soberanía. Si las ‘big techs’ quieren actuar en Brasil, deben respetar sus leyes”, afirmó De Moraes, quien defendió que “lo que no se puede hacer en el mundo real, tampoco se puede hacer en el mundo virtual”.
El juez destacó que Brasil está a la vanguardia en la regulación digital, exigiendo que las grandes tecnológicas que operan en el país tengan sede, representación legal y cumplan las normas brasileñas.
Con sus declaraciones, De Moraes refuerza la posición del Supremo brasileño frente a los intentos de deslegitimar las condenas por el golpe fallido y marca distancia respecto a cualquier intento político de amnistía o presión internacional.