China ha aplicado ya algunas medidas como desaconsejar a sus ciudadanos que visiten Japón
Sanae Takaichi ha liquidado de un plumazo la pretensión de Pekín. Interpelada este viernes en el Aeropuerto de Haneda antes de volar al G20 de Johannesburgo, sobre si retiraría sus declaraciones sobre Taiwán, la primera ministra japonesa cortó de raíz: “En una situación que amenace la existencia de Japón, el Gobierno adoptará una decisión integral con toda la información disponible y las circunstancias concretas. He reiterado esta posición repetidamente.
La línea del Ejecutivo no ha variado ni un milímetro”.
Tokio rechaza humillarse y convierte así la condición impuesta por China para cualquier diálogo de alto nivel en un casus belli diplomático. Así, Pekín pierde su principal palanca y queda expuesto: o acepta la nueva realidad o asume una crisis prolongada, informó el diario La Razón.
Horas antes, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Mao Ning, había endurecido el ultimatum: “Si desean verdaderamente una relación estratégica y de beneficio mutuo, deben corregir de inmediato sus pronunciamientos erróneos y honrar los compromisos asumidos”.
Mao invocó nuevamente los cuatro documentos políticos bilaterales y calificó las afirmaciones de Takaichi —que por primera vez un primer ministro en ejercicio vincula una contingencia en el Estrecho de Taiwán con la activación potencial del derecho japonés a la defensa colectiva— como “interferencia flagrante» que «hiere los sentimientos del pueblo chino”.
El detonante del conflicto se remonta al 7 de noviembre, cuando Takaichi declaró ante la Dieta que el empleo de la fuerza militar contra Taiwán podría constituir una “situación de amenaza existencial” para Japón, lo que habilitaría legalmente la movilización de las Fuerzas de Autodefensa en apoyo a aliados, incluido el potencial respaldo a operaciones estadunidenses.
Pekín interpretó el enunciado como una amenaza implícita de intervención armada.
La respuesta china fue inmediata y escalonada. Una semana más tarde, el viceministro Sun Weidong convocó al embajador japonés Kenji Kanasugi para transmitir una protesta formal.
Al día siguiente, el Ministerio de Exteriores chino exigió la retractación bajo amenaza de “contramedidas firmes”. Desde entonces, Pekín ha desplegado un arsenal de presión económica y diplomática: reimposición de la prohibición a las importaciones de productos pesqueros japoneses —revirtiendo la flexibilización parcial concedida meses antes—, suspensión de estrenos cinematográficos nipones, aplazamiento indefinido de una reunión trilateral de ministros de Cultura con Japón y Corea del Sur, y advertencias oficiales a ciudadanos chinos para evitar viajes y estudios en el archipiélago.
Aunque no ha activado aún el embargo de tierras raras —instrumento empleado en el 2010 tras el incidente de las Senkaku/Diaoyu—, analistas advierten que la disputa se asemeja a la de 2012 y podría prolongarse e intensificarse, dado que tanto Taiwán como las Senkaku son consideradas por Pekín cuestiones territoriales no negociables.
El patrón de coerción económica china es recurrente. En el 2010, tras la detención de un capitán pesquero chino cerca de las islas disputadas, Pekín interrumpió las exportaciones de minerales críticos, provocando una crisis que duró meses.
Dos años más tarde, la nacionalización japonesa de las Senkaku desencadenó boicots, vandalismo contra empresas niponas y una interrupción de contactos de alto nivel hasta 2014. Casos similares afectaron a Noruega (restricciones al salmón tras el Nobel a Liu Xiaobo), Canadá (aceite de canola tras el arresto de Meng Wanzhou) y Australia (aranceles al vino tras la demanda de investigación sobre el origen del COVID-19), con resoluciones que requirieron años.
La escalada actual incluye elementos de retórica particularmente agresiva. El cónsul general chino en Osaka, Xue Jian, publicó y posteriormente eliminó un mensaje aludiendo a “cortar la cabeza sucia que se entromete”, en aparente referencia a Takaichi, lo que motivó la convocatoria del embajador chino en Tokio.
Medios estatales como Global Times han cuestionado incluso la soberanía nipona sobre Okinawa, mientras han acusado a la líder de revivir el militarismo. El Ministerio de Seguridad del Estado chino ha intensificado advertencias sobre “actividades de espionaje”, generando temores entre empresarios japoneses residentes en el gigante asiático.