La discusión sobre el salario mínimo en Panamá siempre genera posiciones encontradas. Sin embargo, existe un punto de consenso. Su impacto es especialmente sensible para las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), que constituyen más del 90% del tejido productivo nacional.
En un país con alto costo de vida y marcada informalidad, cualquier ajuste al ingreso base incide directamente en la competitividad, la formalidad laboral y la capacidad de contratación. Analizar esos efectos exige una mirada equilibrada, que reconozca la importancia del salario digno sin olvidar las limitaciones estructurales de quienes generan la mayor parte del empleo.
En Panamá, la fijación del salario mínimo se realiza mediante comisiones tripartitas, un mecanismo democrático orientado a conciliar intereses. No obstante, el debate no debería centrarse únicamente en el monto del aumento, sino también en el procedimiento, la periodicidad, la metodología empleada y, sobre todo, en la capacidad del marco laboral para acompañar a las pequeñas empresas durante su proceso de adaptación.
Las Mipymes operan con márgenes reducidos, altos costos fijos, acceso limitado al crédito y bajos niveles de productividad estructural, realidades muy distintas a las de las grandes corporaciones. Cuando el salario mínimo aumenta sin un análisis integral de esos factores, el cumplimiento se vuelve difícil, no por mala fe, sino por falta de instrumentos adecuados.
Desde la óptica del Derecho del Trabajo, la protección del salario es uno de los pilares del sistema jurídico laboral. Sin embargo, ese principio debe complementarse con mecanismos modernos que permitan a las micro y pequeñas empresas adaptarse gradualmente a los incrementos.
El Código de Trabajo panameño, redactado hace más de cinco décadas, no contempla esquemas diferenciados o escalonados según el tamaño de la empresa, como sí ocurre en otros países de la región. Tampoco prevé incentivos de formalización vinculados al salario mínimo. Esa ausencia normativa coloca a las Mipymes en una disyuntiva rígida: Cumplir de inmediato o incumplir, sin vías intermedias que faciliten la transición hacia el cumplimiento pleno.
Uno de los efectos más visibles de los aumentos significativos del salario mínimo es el crecimiento de la informalidad, especialmente en sectores como el comercio minorista, los servicios personales y las actividades rurales.
La informalidad perjudica al trabajador, que pierde protección social; al Estado, que deja de recaudar; y al empresario formal, que debe competir en condiciones desiguales. Romper ese círculo vicioso requiere una arquitectura jurídica más flexible y moderna, capaz de equilibrar garantías laborales con políticas que faciliten el cumplimiento empresarial.
El impacto también se refleja en la contratación. Para una pequeña empresa, el incremento obligatorio de los costos laborales puede traducirse en reducción de personal, postergación de nuevas contrataciones o freno a la expansión.
El Código de Trabajo vigente no incorpora herramientas que permitan gestionar ese impacto de forma ordenada, como esquemas de transición salarial, apoyos temporales vinculados a capacitación o mecanismos graduales de ajuste. La ausencia de esas figuras hace que cada revisión del salario mínimo se perciba como un salto abrupto, y no como un proceso previsible y administrable.
Eso no implica que el salario mínimo no deba aumentar. Por el contrario, en un país con un costo de vida elevado, los trabajadores necesitan ingresos que les permitan cubrir sus necesidades básicas y sostener su calidad de vida. El desafío está en encontrar el equilibrio: Incrementos progresivos, previsibles y acompañados de políticas públicas orientadas a mejorar la productividad de las Mipymes, así como de reformas al Código de Trabajo que respondan a la realidad económica actual.
Asimismo, resulta indispensable reforzar la educación laboral y contable en las microempresas. En muchos casos, los problemas de cumplimiento derivan más del desconocimiento que de la resistencia. Programas de capacitación, guías administrativas simplificadas y procedimientos ágiles por parte del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral permitirían que los ajustes salariales se integren de manera ordenada y sostenible en la estructura empresarial.
El debate sobre el salario mínimo no debe plantearse como un enfrentamiento entre trabajadores y pequeñas empresas, sino como un desafío institucional. La pregunta central es, cómo lograr que el salario mínimo cumpla su función protectora sin poner en riesgo la supervivencia de quienes generan la mayor parte del empleo nacional.
La respuesta pasa por una reforma laboral integral, que modernice el Código de Trabajo, introduzca mecanismos de transición y permita que la protección del trabajador y la viabilidad empresarial avancen de la mano.