Iniciativas en materia de transparencia, justicia, economía y seguridad social deberán ser nuevamente presentadas en el pleno
El inicio de la segunda legislatura de la Asamblea Nacional (AN), previsto para el 2 de enero del 2026, estará marcado por la discusión de 82 anteproyectos de ley que no fueron prohijados durante el primer periodo de sesiones ordinarias, informó el diario Panamá América.
De acuerdo con el artículo 121 del reglamento orgánico del Órgano Legislativo, estas propuestas deberán ser presentadas nuevamente en el pleno para su consideración, quedando su avance sujeto a la voluntad de los propios diputados.
Entre los proyectos que quedaron pendientes figuran iniciativas de carácter educativo, judicial, social, económico y ambiental, varias de ellas vinculadas a compromisos de transparencia y rendición de cuentas promovidos por la actual administración.
Una de las propuestas que no avanzó en comisión plantea investigar el uso de fondos públicos durante la pandemia del Covid-19, aunque fue presentada en julio, pocos días antes del inicio del primer periodo de sesiones, no logró ser acogida, pese a su alineación con las demandas ciudadanas de fiscalización del gasto público.
En una situación similar se encuentra el anteproyecto que busca eliminar la prueba idónea en las investigaciones contra diputados, con el objetivo de garantizar el principio de igualdad ante la ley.
También permanece en pausa el anteproyecto de ley 120, que propone establecer un tope salarial para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y eliminar privilegios como sobresueldos, dietas e incentivos.
En el ámbito económico, no avanzaron las iniciativas orientadas a regular los topes máximos de cobro en los corredores del país ni la que plantea establecer una tasa de $10 a los pasajeros en tránsito por concepto de uso de aeropuerto.
Asimismo, quedó pendiente la discusión sobre la evaluación de subsidios, exoneraciones e incentivos que otorga el Estado a personas naturales y jurídicas.
No obstante, se espera que esta propuesta sea retomada, luego de que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) advirtiera que la continuidad de estos beneficios sin sustento técnico resulta insostenible.
Otro anteproyecto “engavetado” busca que el listado de contratistas del Estado sea de acceso público, con el fin de identificar posibles conflictos de interés, prevenir el clientelismo político y reducir los riesgos de corrupción y desvío de fondos.
En materia de seguridad social, también quedaron sin debate propuestas para garantizar el registro correcto de las cuotas de funcionarios públicos y trabajadores del sector privado, así como para promover la entrega de medicamentos a domicilio a través de la Caja de Seguro Social (CSS).
La discusión de estos y otros anteproyectos que no formaron parte de la agenda del primer periodo de sesiones ordinarias dependerá, a partir de enero, del nivel de prioridad que les otorguen los diputados, en un contexto de altas expectativas ciudadanas sobre reformas y transparencia legislativa.