El presidente quiere cambiar las bases del comercio, la universidad, la justicia, la ciencia y la política internacional mediante el desgaste simultáneo de las instituciones
Hay días en Washington en los que parece que todo está en crisis al mismo tiempo. Una universidad bajo presión presupuestaria, un juez señalado, un medio desacreditado, una alianza internacional en duda, un país latinoamericano amenazado, otro puesto en la lista de espera.
El reflejo inmediato es pensar que se trata de desorden, de impulsividad, de un liderazgo incapaz de priorizar. Pero ese diagnóstico se queda corto, informa el diario La Razón.
Desde hace tiempo, Donald Trump y el movimiento político que lo rodea han dejado claro que su objetivo no es administrar el sistema liberal estadounidense, sino tensarlo hasta el límite. No reformarlo paso a paso, sino empujarlo desde todos los ángulos a la vez, hasta que ceda por fatiga.
En el frente interno, la estrategia es reconocible. No se ataca directamente a “la democracia”, una palabra demasiado abstracta, sino a quienes la hacen funcionar en el día a día. Los intermediarios.
Las universidades pasan de ser centros de conocimiento a sospechosos habituales, acusados de vivir desconectados del país real y de promover una agenda ideológica hostil.
La prensa deja de ser un contrapoder incómodo para convertirse en un enemigo declarado, no por lo que publica hoy, sino por el simple hecho de existir como institución independiente. La ciencia, cuando contradice decisiones políticas o intereses económicos, se convierte en una opinión más, prescindible y cuestionable.
El sistema judicial tampoco escapa a esa lógica. Jueces y fiscales que toman decisiones incómodas pasan a ser actores políticos, señalados y deslegitimados. No hace falta cambiar la ley: Basta con erosionar la confianza en quien la aplica.
Cuando cada resolución judicial se presenta como una conspiración o una maniobra partidista, la independencia de los tribunales se va vaciando por dentro. No se rompe el Estado de derecho de un golpe. Se le quita oxígeno poco a poco, hasta que deja de imponer respeto.
Cuando se mira la política exterior trumpista caso por caso -Venezuela, México, Cuba, Groenlandia- la impresión superficial suele ser la de un improvisador con intereses dispersos. Pero el patrón que emerge es más profundo y menos errático de lo que parece: todas estas acciones forman parte de una estrategia para afirmar la dominancia estadunidense en su hemisferio y posicionarse ventajosamente frente a sus rivales geopolíticos, particularmente Rusia y China.
Históricamente, la Doctrina Monroe proclamada en 1823 fue un principio de política exterior estadunidense para impedir la intervención europea en América.
Actualmente. bajo la administración de Trump, esa doctrina ha sido reinterpretada y radicalizada -a veces en medios se la llama la “Donroe Doctrine”- no como un blindaje defensivo sino como una declaración de propiedad geopolítica sobre todo el hemisferio occidental: “American dominance in the Western Hemisphere will never be questioned again”.
Venezuela no es solo un conflicto bilateral. La caída de Maduro no se entendió -según analistas políticos- como una operación aislada, sino como una jugada que debilita redes de influencia que conectan a Caracas con aliados como Cuba, China, Rusia e Irán.
Además de desmantelar el poder político de Maduro, la ofensiva busca recuperar control sobre recursos estratégicos, especialmente petróleo, y cortar a terceros (como China) de su acceso tradicional a ese recurso.
Endurecer la postura frente a Cuba no es solo un castigo por cuestiones bilaterales, sino un mensaje claro a gobiernos que mantienen relaciones con potencias externas: Washington puede y quiere intervenir si considera que hay espacios estratégicos que podrían debilitar la posición estadounidense.
México representa otro caso donde la lógica de saturación es evidente: Migración, comercio, seguridad y discurso identitario se entrelazan deliberadamente.
No hay negociación por etapas, sino presiones múltiples que aumentan simultáneamente el coste político y económico de resistir. Esa mezcla no solo responde a asuntos internos de Estados Unidos, sino a un objetivo geopolítico central: controlar las dinámicas fronterizas y de seguridad en un país que es pieza clave para la estabilidad del hemisferio entero.
Aquí la conexión con Rusia y China se hace aún más explícita. Groenlandia no es una excentricidad. Su valor geopolítico radica en su posición en el Ártico —una región con rutas marítimas emergentes, recursos minerales críticos y relevancia militar creciente— y en el hecho de que Rusia ha reforzado su presencia militar en la región y China se define como “estado cercano al Ártico”.
El efecto colateral de esta estrategia es visible en Europa y en el sistema internacional en general. Las alianzas dejan de ser compromisos sólidos y pasan a ser acuerdos revisables, condicionados al equilibrio de fuerzas del momento.
La duda permanente sobre tratados, financiación o garantías de seguridad genera un efecto corrosivo: los aliados empiezan a prepararse para un escenario en el que Estados Unidos puede no estar cuando haga falta. Esa desconfianza, una vez instalada, es difícil de revertir.