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EE UU anticipó fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucional contrato de PPC

EE UU anticipó fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucional contrato de PPC

“Una decisión que marcaría una victoria geopolítica significativa para Trump en medio de la creciente competencia con China en América Latina”, dice Axios

Antes de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidiera declarar inconstitucional el contrato de concesión de Panamá Ports Company (PPC), el gobierno de Estados Unidos filtró este jueves al diario digital Axios que esperaba la anulación de la concesión “una decisión que marcaría una victoria geopolítica significativa para la administración Trump en medio de la creciente competencia entre Estados Unidos y China en América Latina”.

La decisión fue adoptada durante una sesión ordinaria del pleno de la CSJ, tras acoger dos demandas contra el contrato para administrar los puertos de Balboa y Cristóbal.

Un comunicado de la CSJ informó que el pleno de ese Órgano del Estado “decidió declarar inconstitucional” el contrato de concesión de enero de 1997, sus adendas y actos de prórroga.

Axios había publicado más temprano, citando dos fuentes del gobierno estadunidenses, que “la Casa Blanca anticipa que la Corte Suprema de Justicia anulará este jueves un importante contrato portuario vinculado a China con el conglomerado CK Hutchison, una decisión que marcaría una victoria geopolítica significativa para la administración Trump en medio de la creciente competencia entre Estados Unidos y China en América Latina”.

La decisión podría revocar el control de la empresa con sede en Hong Kong sobre los puertos de Balboa y Cristóbal, ubicados en ambos extremos del Canal de Panamá, puntos estratégicos vitales para el comercio mundial, añadió el medio.

¿Qué está en juego?

El contrato en cuestión: CK Hutchison, a través de su filial Panama Ports Company (PPC), ha operado las terminales de Balboa y Cristóbal desde finales de la década de 1990 bajo una concesión a largo plazo.

Fachada de La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Panamá . EFE/ Carlos Lemos.

El Procurador General de la Nación y el Contralor General de Panamá han sostenido que el contrato es inconstitucional, señalando preocupaciones relacionadas con la soberanía, la competencia y la transferencia indebida de derechos del Estado.

Según Axios, se esperaba que la Corte Suprema se pronunciara este jueves sobre la nulidad de la concesión. Según informes, funcionarios estadunidenses esperan que el fallo favorezca a los demandantes.

Estados Unidos ha presionado a Panamá para reducir la supuesta influencia de China sobre el Canal. El secretario de Estado Marco Rubio instó previamente al presidente José Raúl Mulino a reconsiderar el acuerdo.

Panama Ports Company. Archivo.

El Canal de Panamá maneja aproximadamente el 5% del comercio mundial, lo que convierte el control de su infraestructura en una prioridad estratégica tanto para Washington como para Pekín.

La cancelación del contrato sería vista como una importante victoria diplomática para la administración Trump en su esfuerzo más amplio por contrarrestar la iniciativa china de la Franja y la Ruta en el hemisferio occidental.

CK Hutchison es un conglomerado con sede en Hong Kong, según Washington, con vínculos con el régimen chino. Opera puertos en todo el mundo.

Aunque no se ha emitido un comunicado oficial, se espera que China proteste la decisión si el contrato es anulado, lo que podría escalar las tensiones con Panamá y Estados Unidos.

En el fondo, la terminal portuaria de Balboa, operada por Panamá Ports Company. Foto/Cortesía.

¿Qué sigue?

Si la Corte Suprema declara inconstitucional el contrato, Panamá podría reafirmar el control estatal o reabrir una licitación para la operación de los puertos.
Estados Unidos podría impulsar que empresas estadunidenses o aliadas asuman la operación de las terminales.

China podría responder diplomática o económicamente, especialmente si percibe la decisión como impulsada por Estados Unidos.

Si el contrato se mantiene representaría un revés para la influencia estadounidense en la región. El gobierno panameño podría enfrentar presión política interna para renegociar el contrato o limitar la participación china.

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