El expresidente sostiene que declarar inconstitucionales concesiones envía una señal de inestabilidad jurídica
El expresidente Ernesto Pérez Balladares, criticó el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que declaró inconstitucional la concesión portuaria otorgada en 1997 a Panama Ports Company (PPC) y advirtió que decisiones de ese tipo pueden afectar la percepción de seguridad jurídica del país ante los inversionistas..
“De ahora en adelante tendremos que poner a la Corte a negociar las concesiones”, dijo en tono irónico el exmandatario en Telemetro, al tiempo que cuestionó que acuerdos avalados durante años terminen siendo invalidados por inconstitucionalidad.
Pérez Balladares afirmó que hubiese preferido que el contrato se anulara por presuntos incumplimientos y no por razones constitucionales. A su juicio, este tipo de fallos transmite el mensaje de que los marcos legales pueden volverse impredecibles. Recordó además el antecedente del contrato minero declarado inconstitucional en el 2023, señalando que ni firmas privadas ni abogados del Estado advirtieron en su momento esas supuestas fallas legales.
El mensaje que se envía es que las leyes no cuentan y que todo depende de interpretaciones cambiantes, de acuerdo a cómo sopla el viento y a cómo van las cosas”, sostuvo, calificando la situación como preocupante para la estabilidad institucional.
Destacó que el contrato original surgió a raíz de una licitación internacional en la que participaron tres empresas. “No fue una concesión dada de a dedo”. No obstante, reconoció que ese contrato firmado durante su administración sufrió modificaciones posteriores y, según dijo, estuvo marcado por incumplimientos.
El jueves pasado, la Corte declaró inconstitucional el contrato que concedía por 25 años la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal a PPC, filial del grupo CK Hutchison, así como sus adendas y la prórroga automática aprobada en el 2021.
Tras el fallo, la empresa defendió la legalidad del acuerdo y reiteró su compromiso con Panamá, sus trabajadores y las comunidades vinculadas a sus operaciones, al tiempo que destacó la importancia de la estabilidad jurídica como base del desarrollo económico.