Aduanas decomisó 19.6 millones de unidades de cigarrillos protegiendo la salud y la economía nacional
El comercio ilícito de cigarrillos sigue siendo una amenaza para la economía formal, la salud pública y la seguridad en Panamá, en respuesta, la Autoridad Nacional de Aduanas registró en el 2025 cifras históricas en incautaciones, alcanzando los niveles más altos desde el 2019, informó en un comunicado la entidad.
Durante el año pasado, los operativos de Aduanas lograron decomisar cigarrillos y productos derivados por un valor aduanal de $8.5 millones y gracias al trabajo coordinado con estamentos de seguridad y el Ministerio Público, se incautó adicionalmente mercancía de contrabando por $5.8 millones, equivalentes a 19.6 millones de unidades de cigarrillos ilegales.
De acuerdo con Ramiro Esquivel, presidente de la Alianza Contra el Comercio Ilícito de Panamá, el contrabando de cigarrillos impacta negativamente la recaudación fiscal, reduce fondos para salud, educación y programas sociales, genera competencia desleal contra la industria legal y financia actividades del crimen organizado.
“El comercio ilícito no solo representa una pérdida económica para el Estado, también es una amenaza directa para la salud pública y la seguridad nacional.
Estos resultados históricos demuestran que Panamá está fortaleciendo su capacidad institucional para enfrentar al contrabando con acciones concretas y coordinadas”, destacó Esquivel.
Entre las acciones más relevantes se encuentra el Operativo “Kaleesi” en la Zona Libre de Colón, donde se decomisaron 2.6 millones de cigarrillos ilegales, con un valor estimado en $4 millones, en coordinación con el Ministerio de Salud (MINSA) y otras autoridades.
Durante las inspecciones, se detectaron productos con manchas y signos de deterioro, no aptos para el consumo humano.
En tanto. las regiones Oriental y Norte de Colón concentraron más del 60% del valor total de las retenciones, seguidas por Occidental, Central y Azuero.
La Alianza advirtió que las pérdidas fiscales generadas por el comercio ilícito superan los $100 millones anuales, debilitando la inversión pública y afectando la sostenibilidad del mercado formal.