Iniciativa impulsada por el partido Realizando Metas busca establecer responsabilidades civiles y penales si proyectos heredados se detienen
El expresidente de la República Ricardo Martinelli volvió a colocar en el debate público una propuesta legislativa orientada a garantizar la continuidad de las obras públicas en Panamá, informó el diario Panamá América.
Se trata de un proyecto de ley impulsado por el partido Realizando Metas (RM) que plantea sanciones civiles y penales para presidentes, ministros y contralores que decidan paralizar proyectos heredados por razones estrictamente políticas.
Según el exmandatario, la interrupción de proyectos de infraestructura no solo representa un problema administrativo, sino también un perjuicio directo para las finanzas públicas y para los ciudadanos que esperan la ejecución de servicios esenciales.
Martinelli sostuvo que la paralización de obras genera sobrecostos millonarios y retrasa la entrega de infraestructuras necesarias para el país. Como ejemplo citó el caso de la Ciudad de la Salud, anteriormente conocida como Ciudad Hospitalaria.
De acuerdo con el exgobernante, el proyecto fue licitado durante su administración por un monto de $518 millones, pero tras años de paralización y retrasos en gobiernos posteriores el costo superó los $2,200 millones.
“Alguien tiene que pagar por esto; no puede ser que el pueblo cargue con la factura del odio político”, afirmó Martinelli al referirse al aumento del costo del proyecto.
El expresidente también mencionó otras infraestructuras vinculadas al sistema de salud que, según dijo, han enfrentado retrasos significativos, entre ellas el Hospital de Bugaba, el Hospital de Metetí y el Hospital Manuel Amador Guerrero, en la provincia de Colón.
La iniciativa promovida por Realizando Metas busca obligar a las nuevas administraciones a dar continuidad a las inversiones públicas independientemente de la afiliación política del gobierno anterior.
“Aquí tiene que haber una ley que responsabilice a los presidentes que no continúen las obras del presidente anterior”, manifestó Martinelli, al insistir en que la continuidad del Estado debe convertirse en una obligación legal y no en una decisión sujeta a criterios políticos de cada administración.