La Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional prohijó el anteproyecto 51, que propone sancionar con prisión a quienes utilicen inteligencia artificial para crear o difundir contenido falso capaz de afectar la honra y dignidad de una persona
La inteligencia artificial llegó al debate penal en Panamá. La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional dio luz verde al anteproyecto de ley 51, presentado por la diputada Dana Castañeda, que busca actualizar el Código Penal frente al uso malicioso de herramientas capaces de fabricar imágenes, videos y audios con apariencia real.
La propuesta contempla penas de tres a seis años de prisión para quien, mediante inteligencia artificial, clonación de voz, manipulación de imágenes u otras tecnologías, cree, altere, publique, difunda o comercialice contenido digital que reproduzca el rostro, la voz o la apariencia de una persona real sin su consentimiento y que pueda afectar su honra o dignidad.
La sanción podría aumentar a cinco a siete años cuando el contenido sea difundido masivamente a través de redes sociales, plataformas digitales o sistemas de mensajería; cuando exista ánimo de lucro, represalia o coacción, o cuando la víctima sea menor de edad, una persona con discapacidad, un adulto mayor o alguien en condición de vulnerabilidad.
La propuesta abre otro debate
Aunque la iniciativa busca cerrar un vacío frente a los llamados deepfakes, el debate legislativo también puso sobre la mesa la libertad de expresión y la responsabilidad por contenidos difundidos en internet.
El propio anteproyecto establece excepciones para contenidos artísticos, educativos, periodísticos, académicos, científicos o de interés público, siempre que no tengan una finalidad denigrante y puedan ser identificados razonablemente como ficticios, dramatizados, recreados, editados o no auténticos.
Pero la discusión tomó un giro político cuando diputados plantearon modificar las normas que actualmente protegen a los servidores públicos frente a acciones penales por delitos contra el honor. El diputado Luis Eduardo Camacho anunció que impulsará cambios relacionados con esta materia.
La Asamblea sostiene que la iniciativa busca adaptar la legislación a una realidad tecnológica que avanza más rápido que las normas. Ahora el anteproyecto deberá continuar su trámite legislativo.
El mensaje que queda sobre la mesa es claro: la inteligencia artificial puede ser una herramienta poderosa, pero su uso para fabricar mentiras capaces de destruir reputaciones podría terminar teniendo consecuencias penales.