La Asamblea aprobó por amplia mayoría el proyecto que amplía los beneficios para adultos mayores. Ahora el presidente debe decidir entre sancionarlo o atender el pedido empresarial de un veto total
El Proyecto de Ley 226 ya está en la cancha del Ejecutivo y coloca al presidente José Raúl Mulino ante una decisión que enfrenta dos posiciones: ampliar los beneficios para jubilados y adultos mayores o atender las advertencias del sector empresarial.
La iniciativa fue aprobada en tercer debate por la Asamblea Nacional con 47 votos a favor y uno en contra, y propone ampliar los descuentos contemplados actualmente para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad.
Ahora corresponde al Ejecutivo revisar el proyecto y decidir si lo sanciona, lo objeta parcialmente o ejerce un veto total.
Empresarios piden frenar el proyecto
La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) ya fijó posición y pidió al mandatario vetar completamente la iniciativa.
El gremio empresarial reconoce la importancia de proteger a los adultos mayores, pero advierte que ampliar descuentos obligatorios puede trasladar una nueva carga directamente a los comercios, especialmente a las micro, pequeñas y medianas empresas.
La posición de la Cámara es que antes de convertir la propuesta en ley debe realizarse una evaluación técnica que permita determinar su impacto económico y quién terminará absorbiendo el costo de los nuevos beneficios.
¿Qué cambia para los jubilados?
El proyecto plantea ampliar los descuentos en diferentes áreas de consumo y servicios, incluyendo salud, transporte, servicios públicos, telecomunicaciones y otros servicios dirigidos a la población adulta mayor.
Entre las modificaciones propuestas se contempla elevar algunos descuentos existentes y establecer nuevos beneficios.
Por ejemplo, el texto aprobado plantea aumentar el descuento en el servicio eléctrico de 25% a 30%, para determinados niveles de consumo en la vivienda principal.
También contempla beneficios relacionados con el servicio de agua potable, telecomunicaciones, medicamentos, equipos de apoyo y otros productos y servicios.
Uno de los puntos que más atención genera en el sector comercial es la posibilidad de que los beneficiarios puedan obtener descuentos adicionales incluso sobre determinados precios promocionales.
La discusión cambia de escenario
Con la aprobación legislativa, el debate deja temporalmente los pasillos de la Asamblea y pasa al Palacio de las Garzas.
Para los defensores de la iniciativa, se trata de actualizar un régimen de beneficios que tiene décadas de vigencia y que debe responder al aumento del costo de vida y a las necesidades de los adultos mayores.
Para los empresarios, el problema está en quién termina pagando esos descuentos.
La CCIAP sostiene que las MiPymes operan con márgenes limitados y enfrentan costos crecientes de operación, por lo que imponer nuevos descuentos sin evaluar su impacto podría afectar su sostenibilidad.
Ahora decide Mulino
El presidente tiene sobre la mesa una iniciativa respaldada ampliamente por los diputados y, al mismo tiempo, la solicitud expresa del principal gremio empresarial del país para que sea vetada.
El desenlace puede abrir un nuevo debate entre la protección social y el impacto que las medidas pueden generar sobre el sector privado. Por ahora, una cosa está clara: la última palabra la tiene Mulino. Y la pregunta que comienza a tomar fuerza es inevitable: