Más de 95 mil jubilados podrían beneficiarse de la propuesta, pero detrás del aumento hay una pregunta que todavía necesita números: ¿cuánto costará y quién pagará?
El proyecto que busca llevar a B/.600 las pensiones más bajas vuelve a poner sobre la mesa una de las demandas más sensibles de los jubilados panameños: contar con un ingreso que les permita enfrentar el costo de vida con mayor dignidad.
Pero detrás de la cifra de $600 existe otra realidad que no puede quedar fuera del debate: el costo de financiarla.
La propuesta contempla beneficiar a jubilados y pensionados cuyos ingresos estén por debajo de ese monto. La Asamblea ha manejado un universo potencial superior a 95 mil personas, aunque el número final dependerá de quiénes cumplan con los criterios establecidos.
Y aquí aparece el primer punto que merece atención.
No todos los beneficiarios necesitarían la misma cantidad de dinero para alcanzar los $600. Quien recibe B/.180 requeriría un complemento de B/.420, mientras que quien recibe B/.550 necesitaría apenas B/.50.
Por eso, conocer únicamente el número de beneficiarios no permite determinar cuánto costará realmente la medida.
La pregunta que falta: ¿cuánto cuesta?
El país necesita conocer el costo anual proyectado del programa.
No solamente cuánto se necesitaría para comenzar, sino cuánto costaría mantenerlo durante los próximos cinco, diez o más años.
Porque el aumento no sería un pago extraordinario. Una vez reconocido el beneficio, se convierte en una obligación que deberá financiarse de manera permanente.
Y allí entra la segunda pregunta:
¿De dónde saldrá el dinero?
El proyecto contempla fuentes de financiamiento vinculadas, entre otras, a la actividad portuaria. La discusión, por tanto, ya no es solamente sobre cuánto recibirán los jubilados, sino sobre cuánto recaudarán esas fuentes y si serán suficientes para cubrir el compromiso.
El debate no debería ser jubilados contra contribuyentes
Mejorar las pensiones puede tener una justificación social evidente. Muchos jubilados reciben ingresos que difícilmente permiten cubrir alimentación, medicamentos, vivienda y otros gastos básicos.
Pero reconocer esa necesidad no elimina la obligación de hacer las cuentas. El verdadero debate debería ser cómo garantizar que el beneficio sea financieramente sostenible y no dependa de una fuente de ingresos que mañana resulte insuficiente.
Porque aprobar $600 puede ser una decisión política. Pagar esos $600 todos los meses durante años es una decisión financiera. Y esa cuenta todavía necesita ser explicada con precisión.
La pregunta de fondo
- ¿Cuántos jubilados recibirán realmente el complemento?
- ¿Cuánto dinero necesitará el fondo cada año?
- ¿Cuánto recaudarán las fuentes propuestas?
- ¿Y quién cubrirá la diferencia si los ingresos no alcanzan?
Mientras esas respuestas no estén sobre la mesa, la discusión sobre los $600 seguirá teniendo una parte social muy clara, pero también una cuenta pendiente.
Los jubilados quieren saber cuánto recibirán. El país también tiene derecho a saber quién pagará la factura.