Las reglas para las elecciones de 2029 están provocando una batalla política que ya cruzó las fronteras entre partidos. Las diferencias internas, las acusaciones por el trámite legislativo y el choque con el Tribunal Electoral colocan al proyecto 699 bajo presión antes de llegar a su segundo debate
La reforma al Código Electoral dejó de ser una discusión exclusivamente sobre cómo se organizarán las elecciones de 2029. Ahora también se ha convertido en una disputa por quién tendrá mayor poder dentro de los propios partidos políticos.
El proyecto 699, aprobado en primer debate, incorporó decenas de modificaciones al texto original. Entre ellas aparecen cambios sobre la libre postulación, financiamiento privado, candidaturas a más de un cargo y la representación legal de los partidos.
Y ahí comenzó a abrirse la grieta.
El conflicto que nadie puede esconder
En el PRD, la discusión dejó de ser teórica. Una de las modificaciones propone que el presidente del partido sea su representante legal, desplazando una función que actualmente corresponde a la Secretaría General. La propuesta ha generado un enfrentamiento público entre Benicio Robinson y Balbina Herrera, quienes ocupan precisamente esas posiciones dentro del colectivo.
El PRD terminó creando una comisión para revisar las propuestas y buscar una posición común antes de que la bancada defina su actuación en la Asamblea.
Es decir: la reforma electoral está obligando a los partidos a mirarse al espejo.
Y en la Asamblea tampoco hay consenso
El proyecto llegó al Pleno con una controversia adicional: tres diputadas que participaron en la Comisión de Gobierno no firmaron el informe de primer debate.
Alexandra Brenes y Walkiria Chandler, de Vamos, votaron contra el proyecto, mientras Ariana Coba, del Panameñista, votó a favor. Las tres cuestionaron aspectos del trámite y la documentación presentada.
El debate quedó posteriormente pausado. Pero el problema no termina allí.
El Tribunal Electoral levanta la bandera de alerta
Los magistrados del Tribunal Electoral han cuestionado varias modificaciones introducidas en la Asamblea y han pedido que prevalezcan el interés general y la prudencia.
Entre los cambios señalados están el aumento de los límites de donaciones privadas, la posibilidad de mantener dos cargos de elección y modificaciones relacionadas con funcionarios que aspiran a cargos electivos.
El choque es significativo porque el Tribunal Electoral no está cuestionando la facultad constitucional de la Asamblea para legislar. Lo que está poniendo sobre la mesa es el contenido de determinadas modificaciones y sus posibles efectos sobre el sistema electoral.
La verdadera pelea
Aquí está el punto que merece seguimiento periodístico:
¿Estamos ante una reforma para modernizar las reglas electorales o ante una disputa por modificar las reglas de poder antes de las elecciones de 2029?
La respuesta todavía no está escrita.
Pero sí hay hechos que merecen atención: cambios sustanciales al proyecto original, diferencias dentro de los partidos, cuestionamientos al procedimiento legislativo y advertencias del Tribunal Electoral.
Y mientras los diputados discuten los artículos, los partidos están discutiendo quién controla las reglas de su propia casa.