Miles de colombianos salieron a manifestarse en las principales ciudades del país en el primer paro nacional convocado por centrales sindicales y partidos opositores contra el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella
La convocatoria reúne reivindicaciones concretas de tipo laboral, educativo, económico, social y territorial, pero también persigue expresar el rechazo general de distintas organizaciones civiles al Gobierno ultraderechista que tomó posesión hace dos meses y a sus primeras propuestas.
En Bogotá cuatro marchas iniciaron su camino a las 10:00 hora local (15:00 GMT) con el objetivo de confluir en la Plaza de Bolívar, por el momento sin incidentes y sin acompañamiento policial (más allá de la gestión del tráfico).
Los manifestantes portaban pancartas con reivindicaciones laborales, banderas de Colombia, Palestina y distintas organizaciones sindicales, además de gritar consignas laborales, reivindicar derechos y lanzar críticas contra Estados Unidos y el Gobierno nacional, muy alineado con Washington.
“Es el momento oportuno para protestar”, dijo a EFE el senador del izquierdista Pacto Histórico Wilson Arias, quien justificó la movilización por los recortes anunciados en instituciones como el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), la Agencia para la reincorporación de excombatientes (ARN) y la eliminación de subsidios a la energía eléctrica, especialmente en el Caribe.
En una línea muy similar se expresó un estudiante de Derecho en la Universidad Pedagógica Nacional que prefirió no dar su nombre. “Desde ya es el momento de ponerse en contra y en la defensa de los derechos humanos, la educación gratuita y el valor por la vida”, aseguró tras acusar de “fascismo” al Gobierno de De la Espriella.
La manifestación, la primera de dos meses de movilizaciones sociales, tiene lugar apenas un día después de que De la Espriella firmara el decreto que pretende restringir la protesta social, especialmente la violenta. El texto ha sido objeto de controversia en las últimas semanas.
El decreto 1525 de 2026 señala que las autoridades deben buscar el diálogo con los manifestantes, pero esto no es “un requisito previo que condicione, suspenda o posponga las actuaciones de intervención dirigidas individualmente contra quienes ejecuten actos de violencia”.
El presidente afirmó el lunes que la protesta pacífica es una “garantía constitucional”, pero que este derecho “no autoriza agredir a otros ciudadanos, destruir bienes, amenazar a trabajadores, ni impedir el acceso de ambulancias y servicios de emergencia”.
“Nunca más un bloqueo permanente de una carretera. Nunca más un carril de Transmilenio (servicio de autobús urbano de Bogotá) convertido en trinchera.
Agredir a una persona, lanzar objetos para herir, retener a alguien o usar a un niño en una protesta no es protesta, es un delito y se trata como tal”, puntualizó el mandatario.