En un cruce de cartas, el magistrado Harry Díaz, promotor inicial de esta propuesta, asegura que nunca fue contemplado en el proyecto beneficiar con acuerdos aquellas personas partícipes en actos de corrupción como se propone ahora en la Asamblea. Cualquier posible acuerdo, dijo Díaz, no puede permitir ningún tipo de impunidad
Las ácidas discrepancias en la cámara legislativa que ha generado el proyecto de ley 245 que contempla la delación premiada en casos de corrupción, se trasladaron a los estrados de la administración de justicia.
Una nota del presidente de la Corte Suprema, José Ayú Prado dirigida a su colega Harry Díaz en el que lo invita a participar en el debate que se lleva a cabo en la Asamblea Nacional de Diputados en torno al citado proyecto, provocó una carta/ respuesta en la que el segundo le reclama el poco apoyo que la cabeza del Órgano Judicial le dispensó a la iniciativa durante poco más de 18 meses.
Díaz, quien formó parte de la comisión autora de esta propuesta, recordó en su carta que inicialmente el proyecto buscaba mejorar las normativas relacionadas con la casación penal, la extradición pasiva, hacinamiento penitenciario y en lo relativo a los acuerdos serían considerados exclusivamente para las detenciones preventivas.VER CARTAS
En la actualidad, según el magistrado Díaz, hay cerca de siete mil privados de libertad sin condena en el viejo sistema inquisitivo. Algunas de esas personas, dijo, llevan hasta cinco años de detención preventiva.
“Nunca hubo en consideración durante este trabajo nada relativos a temas de corrupción” aseguró el magistrado. “Un acuerdo puede estar basado en la propia Biblia, la Constitución o lo que sea más sagrado para una persona, pero si con ello lleva a la impunidad de un caso confeso que rebasa los límites nacionales, la administración de justicia obtendrá los efectos contrarios a su finalidad, es decir, no habrá paz social. De esto deben estar muy claros quienes vayan a aprobar o no el proyecto de ley 245”, remarcó.
Ante esta disyuntiva, el magistrado Díaz propone que el acuerdo conocido como delación premiada no pueda aplicarse en los casos de corrupción de funcionarios cuyos montos de lesión supere el cuarto de millón de dólares, y que todos los casos de corrupción sean declarados imprescriptibles por ser considerados delitos de lesa humanidad.
Cualquier posible acuerdo, dijo Díaz, no puede permitir ningún tipo de impunidad.