Según el análisis de expertos, el gobierno del presidente Michel Temer se mantuvo en calma hasta el pasado viernes. El conflicto entre el poder judicial y el político por el Caso Odebrecht son evidentes
Recelo, inquietud, parálisis, son palabras que usan los políticos brasileños y sus asesores para describir las horas previas a la nueva ola de investigaciones sobre corrupción que se avecina, basadas en la confesión de exejecutivos de Odebrecht.
El poder de daño de los cerca de 900 testimonios judiciales sobrevuela al gobierno conservador del presidente Michel Temer, que busca impulsar una espinosa reforma de las jubilaciones ante un Congreso que concentra su atención en distintas iniciativas para amnistiar delitos ligados a la financiación de campañas.
“Este viernes es el último momento de calma antes de la crisis política que viene y que se va a prolongar por varios meses. Y es un momento muy malo para la credibilidad política, que en Brasil nunca fue muy alta”, dijo el sociólogo y autor político Alberto Almeida, del Instituto Análise.
“Ya tuvimos grandes escándalos, pero todos se resolvieron dentro del mundo político. Ahora hay un conflicto entre el mundo político y el poder judicial y esa posibilidad ya no existe”, añadió.
El choque se agrió aún más luego de que el Supremo Tribunal Federal (STF) aceptó esta semana juzgar al senador Valdir Raupp, hombre fuerte del PMDB (centroderecha) de Temer, por entender que había indicios de ilegalidad en el origen de unas donaciones registradas, sin embargo, según lo establece la ley.
Con ese fallo, la corte suprema extendió las sospechas sobre la llamada “Caja 2”, dinero no declarado para financiar actividad política, hacia la “Caja 1”, donde se contabilizan las donaciones legales.
Ahora nada está fuera del escrutinio de la Operación Lava Jato, sobre los sobornos en Petrobras, o de alguna investigación conexa.
Un asesor parlamentario que conoce el caso Raupp dijo que “la decisión del STF dejó al mundo político estremecido”.