Jueza declara compleja investigación sobre adenda a terminal de Tocumen

Jueza declara compleja investigación sobre adenda a terminal de Tocumen
La ampliación de la terminal se construye a un monto estimado de $ 800.00 millones Foto/Archivo

Tocumen, S.A., tiene como gerente a Carlos Duboy, quien fungió como tesorero del Partido Panameñista en las pasadas elecciones

Tras extender el periodo de investigación, la jueza decimotercera, ramo penal, Alina Hubiedo, acogió un pedido del Ministerio Público y le otorgó categoría de proceso complejo a la investigación sobre presuntas anomalías en la adenda al contrato suscrito entre Tocumen, S.A., y la constructora Norberto Odebrecht.

Ese acuerdo permite que la empresa brasileña lleve adelante la ampliación de la terminal aeroportuaria, cuya obra se estima a un costo de $800 millones.

La investigación que adelanta la fiscal especial anticorrupción, Zuleika Moore, nace a consecuencia de una denuncia presentada por el diputado del partido oficialista, el panameñista, José Antonio Domínguez.

Domínguez, una voz contestataria en la cámara de Diputados, ha sido un crítico de las obras desarrolladas por la constructora brasileña y el manejo que las diferentes administraciones, entre ellas la de su propio gobierno, le han dispensado a los sudamericanos.

Altos directivos de Odebrecht confesaron haber entregado dinero a través de un ilegal esquema triangular que permita obtener contratos de obras públicas.

Tras esa confesión y en busca de obtener beneficios procesales por su colaboración, los altos directivos de la compañía acordaron colaborar con las autoridades judiciales de otros países entre los que se halla Panamá. A esa colaboración se le ha llamado delación premiada.

Esa delación premiada ha traído como consecuencia confesiones sobre entrega de dinero a funcionarios panameños y la entrega de dinero al oficialista partido Panameñista durante el pasado proceso electoral.

En esa época, el tesorero del partido Panameñista era Carlos Duboy, hoy gerente de Tocumen, S.A., una sociedad anónima, cuyo 100 por ciento de sus acciones pertenecen al Estado.

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