La posibilidad de que Lula recurra en libertad una larga sentencia de cárcel es objeto de polémica en Brasil, por el riesgo de que asesinos y violadores se beneficien del mismo trato y que la operación anticorrupción Lava Jato pierda una de sus armas favoritas: encarcelar a los condenados en segunda instancia
El Supremo Tribunal Federal (STF) prohibió el 22 de marzo detener a Luiz Inácio Lula de Silva al menos hasta el 4 de abril, cuando reanude una sesión interrumpida a pedido de uno de sus once magistrados. El tema en debate: decidir si el expresidente de izquierda puede apelar en libertad ante las máximas cortes del país una sentencia a 12 años y un mes de cárcel por corrupción y lavado de dinero, ya confirmada por un tribunal de apelación.
Al día siguiente, el viernes 23, un fiscal de Brasilia pidió, y obtuvo, la liberación de un presunto ladrón de coches en detención provisoria, citando un “principio Lula”.
“Si esa regla de que alguien no puede ser detenido por cualquier atraso de la Justicia vale para el expresidente Lula, debe valer para todos”, adujo el procurador, Valmir Soares Santos.
Pero la cuestión de fondo en la corte suprema es el debate acerca de la posibilidad de iniciar la ejecución de una condena tras agotar los recursos de segunda instancia. El STF asentó esa jurisprudencia tras una votación cerrada en 2016, por 6 a 5, un resultado idéntico al que concedió a Lula el “salvoconducto” hasta el 4 de abril.
Y si esa mayoría a favor de Lula se confirma, será “un indicio importante de que la mayoría del plenario cambió de lado y de que los demás presos condenados en segunda instancia podrían interponer un pedido ante el STF para que ese mismo entendimiento se les aplique a ellos también”, afirmó Felipe Seligman, socio del portal de informaciones judiciales Jota.
“Aunque el análisis de los casos será individual”, precisó a la AFP.
Para el juez Sergio Moro, figura emblemática de Lava Jato -la investigación que llevó a la cárcel a decenas de empresarios y políticos-, un fallo favorable a Lula y una revisión eventual de la norma de 2016 “sería un desastre muy grande, porque llevaría a la impunidad, especialmente de los poderosos”, según dijo la semana pasada en el programa Roda Viva, de TV Cultura.
“Este es un asunto que trasciende al expresidente Lula”, subrayó.