El gremio se pronunció ante la reciente Declaración de Inconstitucionalidad del Contrato Ley firmado entre Minera Petaquilla, S.A. y el Estado.
Más allá de las razones que la fundamenten, la Declaración de Inconstitucional del Contrato de concesión minera, casi 10 años después de invocada la medida, para la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá “es preocupante, por lo que proyecta sobre la seguridad jurídica en el país”.
Según el gremio, de la seguridad jurídica depende nuestra capacidad para atraer inversiones generadoras de empleo, razón por la cual debemos fortalecerla y consolidarla, en vez de someterla a riesgos peligrosos, y la Corte Suprema de Justicia debe ser garante de esto.
“El fallo en particular creó una incertidumbre innecesaria en el inversionista directo extranjero más grande que ha existido en la historia del país”, señaló Jorge Juan de la Guardia, presidente encargado de la CCIAP.
Recordaron que solo para tomar en cuenta algunas cifras importantes, Minera Panamá, y su proyecto Cobre Panamá, emplea a más de 12,600 personas, aportando $120 millones anuales en cuotas obrero-patronal a las Caja de Seguro Social; y ha invertido unos $1,100 millones en compras a proveedores locales.
Agregan que también, “es preocupante que la decisión sobre el proceso en referencia haya tomado casi una década, lo que nos confirma el propósito de continuar impulsando los cambios que promovemos en la administración de la justicia, mediante reformas constitucionales a través de dos asambleas nacionales consecutivas. Estas reformas se hacen cada vez más necesarias”.
Los antecedentes del Fallo
El pasado, 25 de septiembre, en un escueto comunicado, Minera Panamá expresa que, “el reciente Fallo de la Corte solo afecta la promulgación de la Ley 9, y no así el contrato de concesión minera en sí, el cual permanece vigente”
Fue el lunes, 24 de septiembre, cuando se dio a conocer que, el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucional la Ley 9 del 25 de febrero de 1997, por la cual se aprobó el contrato de concesión entre el Estado y la Sociedad Minera Petaquilla.
La decisión tomada por los magistrados de la Corte corresponde a la acción de inconstitucionalidad presentada en 2009 años por Susana Arcelly Serracín en representación del Centro de Incidencia Ambiental (Ciam), por violar varios artículos de la Constitución Nacional relacionados con la conservación del medio ambiente.
El contrato con vigencia de 20 años, fue firmado con el objetivo otorgar a la empresa los derechos de extraer, explotar, procesar, refinar y comercializar en el yacimiento minero de oro, cobre, y otros minerales ubi