Gobierno responde: Contratación de firmas de abogados fue "necesaria e indispensable"

Gobierno responde: Contratación de firmas de abogados fue "necesaria e indispensable"
El abogado Rogelio Saltarín ha sido apoderado del Presidente Varela, asesor del Ministerio de la Presidencia y aspirante a Magistrado de la Corte Suprema de Justicia. /Foto ENS

Esta administración reconoce que para investigar los actos de corrupción del quinquenio pasado, se requería de la orientación de especialistas de distintas ramas del derecho, entre ellos, el buffet de Rogelio Saltarín. 

La reacción del gobierno se produce de forma tardía. Lo hacen una semana después que La Estrella de Panamá dejó al descubierto como el abogado Rogelio Saltarín, de la firma Saltarín, Arias y Asociados,  se reunió con 29 instituciones del Estado, como por ejemplo, la Procuraduría General  para atender “los graves actos de corrupción” que se cometieron en el gobierno martinellista.

“Este gobierno a través de las distintas instituciones y ministerios, tenía la obligación legal de interponer las denuncias, querellas y demandas, para velar siempre por los mejores intereses del Estado”, señala la nota de prensa.

También se  detalla  brevemente que el gobierno contrató los servicios de las firmas  nacionales: Tapia Linares y Alfaro; Saltarín Arias y Auditores Jurídicos, Arias;  Fábrega y Fábrega; Icaza, González Ruiz y Alemán: Morgan &Morgan, entre otras.

Mientras que a nivel internacional brindaron sus servicios  las firmas de abogados: Lovells  Shearman &Sterling; Quinn Emanuel Urquhart &Sullivan, etc.

El comunicado defiende las contrataciones de estas firmas de abogados alegando que “al tratarse de temas legales diversos, se requería de la orientación de especialistas de distintas ramas del derecho”, y que “las tareas realizadas por estas firmas  de abogados se han desarrollado en el marco de la Ley, y han sido sumamente útiles en la lucha contra la corrupción, y en el ordenamiento de la administración del Estado.

También aclaran que lo actuado fue “cumpliendo con una responsabilidad constitucional”, y por ende, “en ningún momento se han usurpado competencias de otros órganos del Estado”, porque una vez estudiados los casos, y de haber evidencias de irregularidades, las querellas, denuncias y demandas respectivas fueron presentadas ante los organismos competentes.

 

 

 

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