Este proceso se inició por una denuncia que presentó el entonces ministro de la Presidencia, Demetrio Papadimitriu, al detectar que se pagaban indemnizaciones a buses, que no correspondían a la ruta en la que estaban operando.
Según los reportes de la Fiscalía Anticorrupción, se entregaron entre los años 2010 y 2014, 2 mil 649 certificados de operación, que totalizaron un desembolso al Estado por $94.8 millones.
De este total de certificados, la Fiscalía investigó 573 por presuntas irregularidades; y formuló cargos por la presunta comisión del delito de peculado a 532 personas, entre ellas 63 exfuncionarios, dirigentes transportistas, entre otros.
El proceso se inició tras una denuncia que interpuso en 2010, el entonces ministro de la Presidencia Demetrio Papadimitriu, al detectar que se pagaban indemnizaciones a buses que no correspondían a la ruta en la que estaban operando.
Pero además de la denuncia de Papadimitriu, se presentaron otras siete denuncias por parte de transportistas.
Entre los imputados están:
Los exfuncionarios de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) :
- Jorge Ricardo Fábrega
- Ventura Vega
- Roberto Moreno
- Arturo Araúz
- Nicolás Brea
En la lista de dirigentes transportistas, están bajo la lupa de la Fiscalía:
- Dionisio Ortega
- Manuel Álvarez
- Franz Wever
- Luis Rodríguez
- Santos Vega
- Bolívar Echeverría Jaén
Otros funcionarios investigados por el pasado gobierno están: el exsecretario de Metas de la Presidencia, Juan Pablo Mora, y unos 10 fiscalizadores de la Contraloría; así como también la Comisión Técnica Evaluadora, porque según la Fiscalía “permitieron que personas con fines lucrativos, se beneficiaran de fondos del Estado”.