El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) pidió, que a falta de acuerdos en los proyectos de Ley 591 y 692, se consideren los esfuerzos que como gobierno y sector privado, se han invertido para buscar un documento robusto.
Mediante un comunicado divulgado este 22 de octubre, la entidad manifestó que: “Existen pocas diferencias de opinión entre lo que los gremios esperan, pero consideramos que la ley (591 y 692), que busca criminalizar la evasión fiscal, promueve la transparencia que es fundamental para elevar nuestra institucionalidad en el pago de tributos al Estado. Igualmente, constituye un compromiso o deuda de Panamá con la comunidad internacional”, manifestó Eyda Varela de Chinchilla, titular del MEF.
“Los mal llamados Panamá Papers contenían muchos casos considerados delitos fiscales en otras jurisdicciones, que utilizaron nuestras estructuras jurídicas, donde no es un crimen el lavado de activos, lo que impide la cooperación judicial del Ministerio Público con el país que solicite la colaboración”, destaca el comunicado.
El MEF remarcó que, las penas propuestas, se basan en un monto de defraudación por 300 mil balboas, mientras que en otros países se establecen montos aún más bajos, con más alcance a la población. Comparativamente hablando, más alta que Suiza. Este solo hecho, excluye a la mayoría de los panameños, puesto que evadir impuestos en 300 mil balboas por año, es una condición de muy pocas personas.
Igualmente, señalan que, existen puntos que los gremios les gustaría se modifiquen, lo cual debilitaría el proyecto de ley a tal punto que el objetivo de la misma se perdería. Panamá necesita una propuesta robusta. Solicitar que se eleve a 500 mil balboas el monto de defraudación, no demuestra seriedad en combatir el Blanqueo de Capital.
“El temor a la detención preventiva está infundado. Bajo el sistema penal acusatorio se requiere la solicitud del Ministerio Público ante un juzgado, lo que asegura el debido proceso, antes de privar a un ciudadano de su libertad”, puntualizan.
El MEF reiteró que la propuesta presentada y aprobada por el ejecutivo a finales de 2017, ha sido ampliamente debatida, por más de un año, 4 meses antes de ser presentada al Consejo de Gabinete en 2017; y 9 meses después de su presentación durante el 2018. Ahora lo que toca es que la Asamblea Nacional de Diputados tome la decisión en base a los mejores intereses de 4 millones de panameños.
El otro gran tema, aparte del delito de Blanqueo de Capitales por defraudación fiscal, es la resistencia de los abogados panameños a conocer sus clientes, darles seguimiento y tener un sistema de notificación al mundo cuando un cliente no informa de sus actividades.