Según el fiscal Adecio Mojica de la Fiscalía Anticorrupción de Descarga, se cuenta con peritajes y declaraciones que establecen que los instrumentos musicales no cumplían con los requerimientos por ser de baja calidad.
Reiteró que los actos de apertura se realizaban, pero ya estaban adjudicados, que se trataba de una contratación que venía con vicios y ocasionó una lesión patrimonial al Estado por más de $4 millones, producto de un Informe de Auditoría de la Contraloría General del 12 de agosto de 2016, que detalla las irregularidades.
El fiscal sostuvo que no hubo un análisis que permitiera que los instrumentos eran necesarios en los diferentes colegios y bandas, y que se entregaron órdenes de compra a una misma empresa, es decir, se compró equipo innecesario que permitieron la malversación.
Por su parte, la defensora particular Guillermina MacDonald pidió el sobreseimiento definitivo de su representado, Carretero, dueño de las empresas, porque lo actuado por él no constituye delito.
Igualmente argumentó que los peritajes del Ministerio Público (MP) señalan que los instrumentos tenían la calidad requerida para los estudiantes; que la empresa cumplió con la entrega correspondiente, así como otras entrevistas que señalan que los instrumentos fueron recibidos. Además, aseveró que el Informe de Auditoría que se presentó este jueves, dos años después, no vincula a su representado en ese perjuicio.
De igual manera, el abogado Karin Hassan, representante legal de Giacomo Tamburelli, solicitó un sobreseimiento definitivo para éste, además de que se deje sin efecto cualquier medida cautelar, ya que en el Informe de Auditoría no se le menciona, por el contrario, vincula a otras personas que no están en el proceso. También agregó que no se pudo determinar que Tamburelli firmó las órdenes e invitaciones con relación a los instrumentos musicales.
A petición de la defensa, el imputado Tamburelli solicitó dirigirse al Tribunal, donde manifestó ser inocente de todo lo que dice la fiscalía, que no es su firma como quedó establecido con los estudios de caligrafía.
Finalmente, el juez Quinto de Circuito Penal de Panamá, Enrique Paniza, en audiencia preliminar alterna, se acogió al término de Ley para calificar el sumario, por el caso seguido al exdirector del Programa de Ayuda Nacional (PAN), Giacomo Tamburelli, al empresario Roberto Carretero y otros, por la supuesta comisión del delito contra la administración pública, en su modalidad de diferentes formas de peculado, en perjuicio del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN).