La Corte Internacional de Comercio de Miami tomó la decisión este miércoles y la misma es respetada por el consorcio GUPC.
El consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC), del que Sacyr es accionista mayoritario, tendrá que devolver un total de $847 millones 639 mil 327 a Panamá por el anticipo que recibió para la ampliación del Canal de Panamá.
El Tribunal Arbitral determinó que GUPC deberá pagarle a la ACP los adelantos iniciales que ascienden a $547 millones 958 mil 819.42; y, los adelantos adicionales de $299 millones 671 mil 507.68, los cuales suman un total de $847 millones 630 mil 327.10.
“La ACP queda autorizada para cobrar de manera inmediata la Garantía emitida por UniCredit AG, sucursal de Londres, por el monto de $13,186,719 para garantizar el pago de los intereses generados desde la fecha de vencimiento de los adelantos iniciales hasta el 16 de diciembre de 2018”.cita el comunicado de empresa emitido por la entidad que administra la vía interoceánica.
Por otra parte, el laudo arbitral mostró que la ACP no estaba autorizada para retener montos pagaderos a GUPC relacionados con los servicios de mantenimiento, con lo cual deberá devolverle dichos montos, por valor de $36 millones, más los intereses
Asimismo, se estableció que Grupo Unidos por el Canal S.A. Sacyr S.A., Salini-Impregilo S.p.A., Jan De Nul N.V., Constructora Urbana S.A., y Sofidra S.A. deberán reembolsar a la ACP la cantidad de $395,000 en concepto de costas y gastos de los Miembros del Tribunal y gastos administrativos de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI); además deberán pagar el monto de $5,444,478.50 como contribución a las costas legales y demás gastos incurridos por la ACP en relación con el arbitraje.
El consorcio GUPC anunció este miércoles que respeta el laudo arbitral, el cual no afecta al resto de procesos en curso (un total de cinco). En estas, el consorcio reclama al Estado de Panamá $3.600 millones por sobrecostos de las obras. Del total que debe devolver el consorcio, a Sacyr le corresponde el 41%, mientras el resto corresponde a sus socios Impregilo, Jan de Nul y la local Constructora Urbana, según datos del diario El País de España.
GUPC solicitó en enero de 2017 un arbitraje para determinar de forma inequívoca que la devolución de estos anticipos se debía producir a la vez que se resolvieran los laudos de los arbitrajes técnicos por los sobrecostes.
Estos deberán dictar qué parte es la responsable de los costes imprevistos que surgieron a lo largo del proyecto. A criterio de GUPC, ese es el espíritu del acuerdo firmado en 2014, aunque el documento fijara como fecha tentativa devolver los anticipos junio de 2018. Entonces todas las partes estaban convencidas de que ese era un plazo razonable para resolver todas las resoluciones pendientes.