Un grupo paramilitar de derecha que opera en el sur de Nuevo México, Patriotas Constitucionales Unidos, comenzó a detener a familias de migrantes y a arrestarlas a punta de pistola, para luego entregarlas a los agentes de la Patrulla Fronteriza.
ALBUQUERQUE —El FBI anunció el sábado 20 de abril que había arrestado al líder de este grupo paramilitar, que fue ampliamente criticado por sus tácticas. Héctor Balderas, el fiscal general de Nuevo México, dijo que los agentes federales habían detenido a Larry Mitchell Hopkins, quien usaba el alias Johnny Horton Jr., por cargos de posesión de armas de fuego por un delincuente.
El cargo es relativamente menor, pero puede ser el comienzo de una investigación más profunda de sus actividades y las del grupo paramilitar; también abre una vía a las autoridades para acusarlo de cargos más graves, como secuestro y hacerse pasar por oficial de policía o empleado del gobierno estadounidense.
La detención de Hopkins, de 69 años, sucedió en medio del aumento de las tensiones que creó el grupo paramilitar de derecha al operar al suroeste de la frontera estadounidense. Hay un largo historial de grupos paramilitares que persiguen a migrantes latinoamericanos, como la patrulla fronteriza del Ku Klux Klan creada en la década de 1970. El récord en detenciones recientes de migrantes centroamericanos por autoridades federales ha sido acompañado por un resurgimiento de la actividad paramilitar en la frontera.
Los miembros los Patriotas Constitucionales Unidos grabaron varias de sus operaciones en días recientes, incluida la detención la semana pasada de un grupo de más de doscientos migrantes que ya habían cruzado la frontera cerca de Sunland Park, una ciudad de Nuevo México a unos 14 kilómetros al oeste de El Paso, con la intención de solicitar asilo. Publicaron en redes sociales videos de familias migrantes con aspecto fatigado, deslumbrados en la oscuridad ante lo que parecía ser el resplandor de las linternas que portaba el grupo paramilitar.
Desde hace tiempo, los paramilitares autoproclamados han operado a lo largo de la frontera con el propósito de detener el flujo de migrantes indocumentados a Estados Unidos. Sin embargo, el hecho de que se centren en la llegada reciente de familias, a quienes legalmente se les permite solicitar asilo y que por lo general se entregan de inmediato a los agentes de la Patrulla Fronteriza, ha sido objeto de críticas de los activistas de derechos humanos.
El 16 de abril, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) denunció las acciones del grupo paramilitar en una carta en la que les pedía a la gobernadora y al fiscal general de Nuevo México que investigaran al grupo. La ACLU argumentó que el grupo paramilitar carece de autoridad jurídica según las leyes federales y de Nuevo México para detener o arrestar migrantes en Estados Unidos.
“No podemos permitir que justicieros armados y racistas secuestren y detengan a los migrantes que buscan asilo”, mencionaron en la carta dos abogadas de la ACLU, María Martínez Sánchez y Kirsten Greer Love.
La gobernadora de Nuevo México, Michelle Luján Grisham, mencionó en una declaración que era “totalmente inaceptable” que las familias migrantes “sean de alguna manera amenazadas o estén bajo algún tipo de peligro cuando llegan a nuestra frontera”.
“Huelga decir que los ciudadanos civiles no tienen autoridad alguna para arrestar ni detener a nadie”, agregó.
Jim Benvie, vocero de los Patriotas Constitucionales Unidos, mencionó en una entrevista telefónica la semana pasada que su grupo llevaba dos meses acampando cerca de El Paso. Benvie sostuvo que las acciones del grupo eran legales y comparó la detención de los migrantes con un “arresto ciudadano verbal”.
“Solo estamos aquí para apoyar a la Patrulla Fronteriza y mostrarle a la gente la realidad de la frontera”, mencionó Benvie, de 43 años y quien llegó a Nuevo México hace poco proveniente de Minnesota. En dicha entrevista, dijo que la organización planeaba quedarse en la frontera hasta que se construyera el muro propuesto por el presidente Donald Trump o hasta que el Congreso de Estados Unidos cambiara las leyes migratorias para dificultar a los migrantes la solicitud de asilo. Benvie no respondió el sábado al pedirle que comentara sobre el arresto de Hopkins.
El grupo paramilitar aumentó recientemente sus actividades en Nuevo México y otros estados, mientras las autoridades luchan para responder al aumento repentino de familias centroamericanas, que en marzo resultaron en el arresto de más de 92.000 personasen la frontera.
En la entrevista de la semana pasada, Benvie se negó a especificar cuántos de sus miembros se encontraban en Sunland Park. Mencionó que el grupo incluía gente con experiencia militar o policial.
“Si esta gente obedece las órdenes que le damos, los detenemos hasta que llega la Patrulla Fronteriza”, explicó Benvie. “La Patrulla Fronteriza nunca nos ha pedido que dejemos de actuar”.
El FBI informó en una declaración que el departamento de la policía de Sunland Park colaboró con el arresto de Hopkins, quien se espera que se presente el lunes 22 de abril en la Corte Federal de Distrito de Las Cruces, Nuevo México.
Hopkins, cuya residencia está en Flora Vista, en el noroeste de Nuevo México, ya estaba bajo escrutinio de grupos que monitorean a paramilitares de derecha en Estados Unidos. En 2006 se le acusó de hacerse pasar por un funcionario y por posesión de armas, según The Daily Beast.
A pesar de las críticas por sus operaciones en Nuevo México, Patriotas Constitucionales Unidos, liderado por Hopkins, mantiene un gran alcance en Facebook y YouTube. Las respuestas a los videos de Facebook del grupo paramilitar incluyen una serie de descripciones hostiles o racistas de los solicitantes de asilo.