Las lágrimas que intentaron esconder los migrantes al bajarse del avión con el cual fueron deportados desde Estados Unidos se volvieron ligeras sonrisas cuando les aplaudieron y les dieron la bienvenida con declaraciones de que son muy importantes para el crecimiento de Guatemala.
CIUDAD DE GUATEMALA —Sin embargo, Kevin McAleenan, el secretario interino de Seguridad Nacional estadounidense, lucía preocupado durante los intercambios. Al final de su primera visita a Guatemala como director de la principal agencia migratoria de Estados Unidos, esa escena le dejó claro que los esfuerzos hasta el momento para que las familias no intenten ir al norte en un trayecto peligroso no estaban funcionando.
“Nuestros vecinos han sido nuestros amigos y les puedo ofrecer todo nuestro respaldo”, le dijo McAleenan a los líderes de El Salvador, Honduras y Guatemala unos días antes. También prometió ver cómo se puede restaurar la ayuda financiera que el gobierno de Donald Trump recortó este año y firmó un acuerdo de dos años de vigencia para enviar a unos ochenta agentes de Seguridad Nacional a Guatemala para que capaciten a las autoridades locales y ayuden a frenar grupos de tráfico de personas.
Y luego el presidente Trump anunció un enfoque mucho más duro el mismo día en el que McAleenan dejó Ciudad de Guatemala: advirtió que a menos que México haga más para detener el flujo migratorio por su país desde la frontera guatemalteca, Estados Unidos impondría un arancel de cinco por ciento a los productos mexicanos que importa.
Más que cualquier otro país, los guatemaltecos están buscando entrar a Estados Unidos por su frontera suroeste, muchos de ellos después de hacer el viaje en familia. En abril pasado, la mayoría de los 109.144 migrantes en la frontera —la cifra mensual más alta desde 2007— era de Guatemala. El creciente flujo de migrantes ha sobrepasado a las instalaciones migratorias estadounidenses, donde ya están retenidas más de 80.000 personas.
Guatemala, por su posición fronteriza con México, también es un punto de cruce importante para quienes quieren ir a Estados Unidos desde El Salvador u Honduras. La mayoría de las personas que emigran desde la región centroamericana pretenden reunirse con familiares que ya están en territorio estadounidense, están en busca de oportunidades económicas con las cuales ayudar a sus familias o huyen de pandillas, corrupción y extorsión.
El gobierno estadounidense ha batallado en los últimos tres años con poder frenar ese impulso migratorio.
Apenas en marzo, la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, se reunió con líderes de las tres naciones centroamericanas en un intento similar al de McAleenan para reducir lo que la exsecretaria calificó de una crisis migratoria. El día siguiente, Trump socavó sus esfuerzos al declarar que Guatemala, Honduras y El Salvador “no hacen nada” para detener a los emigrantes que van al norte. También recortó millones de dólares en asistencia anual a esos países.
Nielsen renunció unos días después.
A finales de mayo en Guatemala, McAleenan respondió a las solicitudes para recuperar los fondos de asistencia con la oferta de dar apoyo por medio de agentes de la Patrulla Fronteriza e investigadores de Seguridad Nacional.
El 29 de mayo, durante la visita de McAleenan, esos investigadores se unieron a la policía guatemalteca para desmantelar una red de tráfico de personas. Una de las diez personas arrestadas fue Luis Augusto Torres Rosales, alias Bimbo, quien las autoridades creen que habría transportado ilegalmente a decenas de migrantes desde El Salvador y Honduras, por medio de Guatemala, hacia México.
McAleenan, funcionario policial de carrera, dijo que los traficantes y contrabandistas se aprovecharon de centroamericanos vulnerables en busca de mejores vidas. Con el despliegue de los nuevos agentes, dijo: “Creo que vamos a ver una respuesta en Guatemala enfocada en la seguridad de los niños”.
Además, decenas de agentes de la Patrulla Fronteriza serán enviados a Guatemala para ayudar a las autoridades locales a construir puntos de revisión para asegurarse de que los hondureños y salvadoreños que pasen por ahí tengan documentos migratorios legales. Los agentes estadounidenses serán enviados a esos puntos desde sus estaciones en las fronteras norte y suroeste de Estados Unidos.
“Vamos a intentar interceptar el flujo donde empieza”, dijo McAleenan. “Vamos a intentar tener un impacto y romper con el ciclo de contrabando de las personas que están dirigiéndose a nuestra frontera”.
Sin embargo, en una reunión con agricultores y organizaciones de la sociedad civil que dependen de la ayuda financiera estadounidense, McAleenan se mostró dispuesto a escuchar y tomó muchas notas que prometió llevar directo a Washington.
Durante una discusión en Nueva Santa Rosa, zona a una hora en auto al sur de Ciudad de Guatemala, un agricultor le dijo que con el dinero de la ayuda estadounidense pudo aumentar sus cultivos, particularmente de pimiento. “Lo que me interesa es que no perdamos ese apoyo”, le dijo al secretario interino estadounidense. “No solo para mí, sino para la comunidad que piensa en migrar cada día”.
“Espero que sigan dando la ayuda”, dijo otro agricultor. “Muchos de nuestros familiares se están yendo. Es muy triste ver a tu gente irse”.
Parte de los fondos del Departamento de Estado estadounidense quedan en manos de Agropecuaria Popoyán, negocio agrícola que ayuda a capacitar a los granjeros guatemaltecos en el uso de tecnología que ayude con los cultivos.
“¿Hay otros agricultores que se benefician de esa tecnología?”, le preguntó McAleenan a otro granjero.
“Así es”, le respondió. Y entonces, en un momento inesperado de ligereza, McAleenan les preguntó a los que estaban reunidos que quiénes estaban cuidando sus cultivos durante el encuentro.
“Mi esposa”, fue la respuesta más común.
En otra reunión, McAleenan urgió a los trabajadores asistenciales a expresar sus principales preocupaciones respecto a los recortes de la ayuda, de acuerdo con tres personas que acudieron al encuentro, para discutirlas con el secretario de Estado, Mike Pompeo.
En una entrevista después de esa junta, McAleenan dijo que los trabajadores le dieron suficientes datos para que les mostrara a los demás funcionarios del gobierno de Trump que esos fondos iban a programas que sí son efectivos.
Sin ello, “se romperán muchos sueños”, comentó una portavoz de Popoyán, Ivanna Sofía Meneses Müller, en una entrevista posterior a su encuentro con el secretario interino.
Sin embargo, el último día de la visita de McAleenan, sus esfuerzos diplomáticos fueron ensombrecidos por la amenaza de Trump de castigar a México por no detener el flujo migratorio desde Guatemala. Eso fomentó la preocupación de que Washington mantenga un enfoque que es solo punitivo para tel tema migratorio.
Pascale Wagner, directora en Guatemala de la organización humanitaria Project Concern International, dijo que los cortes en el financiamiento tendrán ramificaciones mucho mayores que solo los cultivos en próximos años.
“Es más un tema de reputación”, dijo Wagner, cuyo grupo da a seis mil familias unos 60 dólares al mes y las capacita en resiliencia económica. “Podemos explicarlo como queramos, el porqué se está recortando la ayuda a los programas. Pero de cualquier manera es devastador”, pues, añadió, “reconstruir la confianza tomará años”.