Barrios dijo que exigir una fianza de 25 mil balboas para interponer una demanda, disuade a los candidatos que no cuentan con estos recurso.
El abogado y exfiscal Electoral Boris Barrios considera que se está que negando el derecho a los ciudadanos en materia electoral, refiriéndose a las condiciones que impone el Tribunal Electoral (TE) a los candidatos que han impugnado los resultados en varios circuitos electorales del país.
Barrios dijo que exigir una fianza de 25 mil balboas para interponer una demanda, disuade a los candidatos que no cuentan con estos recurso, a pesar de que se hayan detectado irregularidades que sustenten la presentación de una impugnación.
“El TE ha tomado la decisión de no aceptar impugnaciones y entregar el monto de la fianza al candidato impugnado, sin siquiera haber entrado a analizar y discutir el fondo de la impugnación. No se debe excluir el debate en torno a lo fundamental, que es el debate en torno al conteo y revisión de las actas, so pretexto de no haber cumplido con una formalidad”, precisó.
“Si por razón de un formalismo, tu no permites que se entre al recuento de las actas, para ver quién fue el que ganó frente a una duda, y lo condicionas a que no cumplió con un defecto de forma, entonces le estas negando el derecho de acceso de justicia a los ciudadanos”, subrayó Barrios.
El Tribunal Electoral ha preferido negar las impugnaciones por razones de forma en vez de entrar a debatir y, “precisamente, creo que si permite entrar al debate van a quedar muy mal paradas las juntas circuitales”, consideró.
“Ha habido errores, se habla de inconsistencia y eso pasó en muchos circuitos, incluso en Arraiján, donde las cifras de las actas de las mesas no coinciden con las de las actas circuitales”, expresó.
Y en el caso de la diputada Marilyn Vallarino, todavía es más grave el asunto, porque las actas que se contaron en las mesas de votación reflejaban una suma y esas cifras fueron alteradas verbalmente por el Presidente de la Junta Circuital de Escrutinio, al anunciar públicamente las sumas.
“Ahí hay un error, ahí hay dolo, porque si yo tengo un acta que me viene de una mesa y yo en la Junta Circuital que estoy escrutando, digo una cifra distinta a la que está en el acta, para favorecer a alguien, ahí hay dolo, ahí hay maquinación ahí hay intención, entonces ya ahí hay un problema penal que la Fiscalía General Electoral debe investigar y sancionar”, consideró Barrios.
El abogado dijo que pareciera que los jueces electorales están por la línea y decisión de negar todas las impugnaciones, pero éstas pueden ser apeladas, por lo cual pasarían a la instancias de los magistrados del TE, pero en caso de que sea ratificada “sería una terrible negación de la justicia y una arbitrariedad”.
Añadió que el impugnante tiene la opción de presentar la demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y abocarse a la jurisdicción internacional de protección de los derechos humanos.
Destacó que en este caso se debe aplicar el control de convencionalidad, que establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos: “cuando la norma o reglamento confronta la Convención Interamericana, que es Derecho Humano, se debe aplicar la Convención Interamericana y no afectar al ciudadano en el libre ejerció de sus derechos”.