ALMONTE, España — Hace poco más de un año, una joven madre dejó a sus hijos al cuidado de su esposo en Marruecos y se fue a trabajar a un campo de fresas cerca de la ciudad de Almonte, en la costa suroeste de España.
Embarazada de su tercer hijo y necesitada de dinero, le hicieron creer que podría ganar unos cuantos miles de euros por el trabajo de varios meses, casi lo que se gana en un año en Marruecos. Ahora, en cambio, está varada en España, esperando un juicio después de unirse a nueve mujeres más del mismo campo, Doñaña 1998 d’Almonte, que han interpuesto demandas derivadas de sucesos ocurridos ahí, incluyendo acusaciones de hostigamiento y abuso sexual, violación, trata de personas y varias violaciones laborales.
Como otras mujeres entrevistadas para este artículo, la joven madre pidió que solo la identificaran con sus iniciales, L. H., por temor a la reacción de sus esposos, familiares y otras personas cuando se vuelva a publicar el artículo en árabe, como sucede con la mayoría de los artículos de The New York Times sobre Marruecos. Los esposos de algunas de las mujeres, entre ellas L. H., ya han solicitado el divorcio.
Las mujeres dijeron que a menudo no tenían más opción que aguantar el abuso, y los expertos están de acuerdo.
“Las ponen en una situación en la que no tienen recursos, y su sexualidad se convierte en la única manera en que pueden sobrevivir”, dijo Emmanuelle Hellio, una socióloga que ha hecho una crónica sobre las condiciones en los campos. “El sexismo y el racismo provocan situaciones en las que no pueden quejarse y las relaciones de poder hacen que sea especialmente difícil denunciar los abusos”.
L. H. dijo que su jefe comenzó a acosarla sexualmente poco después de su llegada. La presionó para tener sexo prometiéndole una mejor vida y mejores condiciones de trabajo.
Cuando se resistió, “comenzó a obligarme a trabajar más arduamente”, dijo, mientras trataba de calmar a su bebé, que nació en España. “Las otras chicas me ayudaban cuando el trabajo en el campo se volvía demasiado difícil para mí”.
Ahora vive con las otras mujeres en un lugar que pidió que se mantuviera confidencial, mientras esperan el juicio.
“Estoy deprimida y me da miedo buscar trabajo”, comenta.
Las fresas son llamadas el oro rojo de España, el exportador número uno de esa fruta en Europa, donde son la base de una industria de 650 millones de dólares. Andalucía, donde trabajaban las mujeres, produce el 80 por ciento de las fresas de España.
A través de un acuerdo bilateral firmado en 2001, miles de mujeres marroquíes trabajan de abril a junio bajo extensos invernaderos de plástico con el fin de cultivar y cosechar la fruta. El acuerdo especifica que las trabajadoras de temporada deben provenir del campo, donde la pobreza y la falta de empleo son generalizadas, y deben ser madres, para que quieran regresar a casa, lo cual hace la mayoría.
Se consideró un acuerdo en el que todos ganaban: una oportunidad de ingresos para las marroquíes pobres, que proporcionaban a los granjeros españoles la mano de obra de bajo costo que tanto necesitaban.
Durante años, los investigadores académicos y activistas se han quejado sobre las condiciones de trabajo en las granjas aisladas, pero las autoridades en España y Marruecos han tomado escasas o ninguna medidas, señalaron funcionarios de los sindicatos locales de trabajadores.
Sin embargo, hace más de un año, las diez mujeres decidieron alzar la voz, sabiendo que se arriesgaban a perderlo todo, incluidos el respeto y el apoyo de sus familias conservadoras. Ahora están pagando ese precio, y habrían sido aplastadas hace mucho si no fuera por el apoyo de sindicatos, activistas y recaudaciones de fondos en línea.
Además de los divorcios, muchas de las mujeres dijeron que han sido humilladas y culpadas por algunos familiares y vecinos en Marruecos. Muchas dicen que sufren de graves ataques de pánico. Durante las entrevistas algunas lloraron, mientras que otras gritaron de rabia.
La primera en hablar fue H. H., de 37 años, quien dijo que decidió que ya no podía soportar en silencio las duras condiciones de trabajo y la cultura generalizada de hostigamiento sexual e incluso las violaciones en los campos.
“Me sentía como una esclava, como un animal”, dijo durante una entrevista. “Nos trajeron para explotarnos y después enviarnos de regreso. Desearía haberme ahogado en el mar antes de llegar a España”.
Con el tiempo, se hartó de trabajar largas jornadas sin pausas para ir al baño, y de tener que ganarse la simpatía de los gerentes para obtener suficiente trabajo y poder comprar comida, ya ni hablar de ahorrar. No la atacaron, dijo, pero se sentía horrorizada por lo que habían sufrido otras. Dijo que los abortos eran rutinarios, muchos de ellos después de ser víctimas de coerción sexual.
Dijo que las mujeres se habían acostumbrado a los abusos, y los activistas locales dijeron que cualquiera que se quejara era enviada inmediatamente de regreso a Marruecos.
Eso es precisamente lo que pasó después de que H. H. buscara la ayuda de un sindicato local de trabajadores y abogados. Cuando los abogados llegaron a la granja el 31 de mayo de 2018, un grupo de mujeres comenzó a manifestar sus preocupaciones, todas hablando al mismo tiempo en árabe.
Los activistas les pidieron que escribieran una lista de nombres y quejas. H. H. se fue con los abogados pero, tres días más tarde, dijo, las mujeres de la lista —más de cien— fueron obligadas a subirse a autobuses y fueron enviadas de regreso a Marruecos, algunas dicen que ni siquiera les pagaron lo que les debían.
Nueve mujeres lograron escapar, pasando por encima y debajo de cercas porque la puerta principal de metal estaba cerrada, rasgándose la ropa y corriendo en el bosque para encontrar el camino hacia Almonte, a unos kilómetros de allí.
“Había escuchado historias antes, pero todas creíamos que eran mentiras hasta que lo vivimos en carne propia”, dijo una de ellas. “Nos dimos cuenta de que, cuando la gente alza la voz, encuentran maneras de callarla”. Las nueve mujeres se unieron a H. H. en la demanda.
Aunque sus demandas no son comunes, tienen precedentes. En 2014, un tribunal en Huelva, España, declaró a tres hombres culpables de una “ofensa en contra de la integridad moral y de hostigamiento sexual”. Las víctimas eran mujeres marroquíes que trabajaron para ellos en 2009. Un artículo en El País en 2010, “Víctimas del oro rojo”, documentó una serie de acusaciones sexuales por parte de trabajadoras polacas y marroquíes.
En respuesta a las críticas en los medios a finales del año pasado, el gobierno español prometió implementar salvaguardas para esta temporada, y el ministro marroquí del Trabajo también ha prometido mejores condiciones. Sin embargo, los trabajadores y los sindicatos dicen que poco o nada ha cambiado.
Los funcionarios marroquíes, entre ellos el ministro del Trabajo y el embajador en Madrid, funcionarios españoles y varios representantes de asociaciones agrícolas, rechazaron hacer comentarios para este artículo, al igual que el propietario de Doñaña 1998 d’Almonte.