RÍO DE JANEIRO — En el primer semestre de 2019, la policía de Río de Janeiro, la segunda ciudad más poblada de Brasil, mató en promedio a cinco personas al día. Es el número más alto en dos décadas. El porcentaje que deja este hecho es atroz: las fuerzas de seguridad estatales son responsables del 38 por ciento de los homicidios en la ciudad.
Buena parte de esas muertes están concentradas en operaciones policiales en las grandes favelas, con un aparato que moviliza autos blindados, helicópteros y francotiradores. En muchos casos resultaron en la muerte de civiles inocentes, como los seis jóvenes, de entre 16 y 21 años, asesinados en solo cinco días de agosto, incluyendo un futbolista y una mujer que llevaba a su hijo en brazos.
Parece lejano recordar que en 2016, Río recibió los Juegos Olímpicos y la ciudad parecía estar encaminada a años de prosperidad y buenas perspectivas. Pero en tres años esa imágen de la ciudad se esfumó. ¿Que pasó?
La sucesión de distintas crisis —política, económica y de seguridad— que vivió Brasil derivó en una profunda desconfianza ciudadana en los políticos tradicionales. Había, y hay, una gran demanda de cambio a causa de la enorme corrupción de la clase política. En las elecciones de 2018 eso se tradujo en la victoria de advenedizos (outsiders) que prometían desafiar y renovar el sistema político y mano dura para frenar la violencia. En noviembre, los brasileños eligieron como presidente al excapitán del ejército Jair Bolsonaro; los ciudadanos de Río, al exjuez y quien fuera infante de la Marina Wilson Witzel como gobernador.
Bolsonaro y Witzel son las versiones brasileñas de una oleada de políticos a nivel mundial que han conseguido el éxito al atacar el orden político establecido y se asumen como los representantes de una presunta voluntad popular que se cree traicionada por unas élites corruptas. Aunque Brasil siempre ha tenido políticos que han enarbolado discursos similares, sobre todo en cuestiones de seguridad, nunca habían llegado a un nivel tan alto de liderazgo.
Al centro de la problemática de Río está la política de drogas. Es una disyuntiva en la que se suele optar por dos caminos: estrategias comunitarias o un plan de “mano dura”, que consiste a menudo en impulsar operaciones policiacas. Witzel optó por la segunda. El gobernador califica a los narcos y otros criminales de terroristas y defiende el uso de francotiradores para atacarlos en las favelas. Con frecuencia se presenta en uniforme de policía y en una ocasión apareció en un helicóptero que disparó indiscriminadamente contra una favela, un ejercicio que se ha vuelto común en el Río de Witzel. Un grupo de niños de favelas de Río escribieron cartas a los tribunales de justicia de la ciudad en las que piden interrumpir ese tipo de operación policial en sus hogares. Esta apuesta por la mano dura más que detener el problema de seguridad podría incrementarlo.
Paradójicamente, el aumento en la violencia policial ocurre al mismo tiempo en que hay una caída de casi el 25 por ciento en los homicidios en Brasil. Es una tendencia que empezó en los últimos meses de 2018, antes del inicio de los nuevos gobiernos, a nivel nacional y en Río. Los especialistas todavía discuten las causas de la disminución de la violencia, pero se cree que tiene que ver con los pactos y treguas entre las facciones del crimen organizado más que con las políticas públicas.
Pese a esta caída, aunque ligera, en los asesinatos a fines de 2018 y en el primer semestre de 2019, Río optó por Witzel, un líder con retórica draconiana. Esto se explica, en buena medida, porque Brasil vive al mismo tiempo la peor recesión económica de su historia reciente y un cisma político ocasionado por casos de corrupción que afectan a los principales partidos del país. Los efectos de ambas problemáticas son más evidentes en Río de Janeiro.
La ciudad producía casi el 70 por ciento del petróleo brasileño y la localidad sufrió los impactos de la baja global del producto así como de las pérdidas de Petrobras, la empresa más grande de Latinoamérica que fue el epicentro de los escándalos de corrupción. Más de 10.000 locales comerciales cerraron en Río por la crisis económica, algo que se puede constatar por quienes caminan por las calles del centro de la ciudad. Y, por otro lado, los casos corrupción han sido especialmente visibles en Río. En los últimos tres años, todos los gobernadores elegidos entre 1998 y 2018 han sido procesados por delitos relacionados con robar dinero público.
La violencia en Río, que ya era alta durante los años de prosperidad económica, empeoró con las crisis: en 2014, el año menos violento en dos décadas, se registraron 1552 homicidios en la ciudad, una tasa de 24 por cada cien mil habitantes; en 2017, fueron 2131, 32,5 por cada cien mil habitantes. Hay muchas causas: el declive de la política de “pacificación” de las favelas —es decir, el intento de crear una policía comunitaria, conocidas como las Unidades de Policía Pacificadora—, los conflictos entre las pandillas del crimen organizado y la escasez de recursos para las fuerzas policiales.
El ascenso de figuras como Bolsonaro y Witzel es consecuencia de problemas sociales graves, de años de abandono estatal a la situación de las favelas y de la implementación de políticas erradas que optaron por detener la violencia con más violencia y de la apatía de muchos sectores de la sociedad.
La tragedia de Río de Janeiro no es inevitable, no es un desastre natural. El drama que vive la ciudad es político.
La salida de este drama pasa por sustentar las políticas públicas en seguridad en datos, investigaciones, estudios, y no en los miedos o en el enojo de la ciudadanía, por más fuertes y justificados que sean. Brasil necesita aprender de las experiencias de Estados Unidos, Europa y algunos países de Latinoamérica y no repetir sus errores.
Brasil, uno de los mayores mercados mundiales de cocaína, insiste en una estrategia de guerra que fracasó en todos los países donde fue implementada, como México y Colombia. Hay que buscar otras maneras de abordar el problema de las drogas y de la inseguridad en Río de Janeiro. Es urgente debatir alternativas de acción policial que sean legales y humanas, como retomar y desarrollar las Unidades de Policía Pacificadora y otras opciones con un enfoque comunitario.
La tragedia en Río es política, pero la política, si es sensata y sustentada en estudios, también puede ser la salvación.
Maurício Santoro, politólogo, es profesor de la Universidad del Estado de Río de Janeiro.