El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, mudó la sede de su gobierno de la capital, Quito, a una ciudad costera a más de 240 kilómetros de distancia el lunes, en un intento por proteger su gobierno de las protestas masivas contra las medidas de austeridad que han sacudido el país desde la semana pasada.
El martes por la tarde, en la capital, un grupo de manifestantes asaltaron la Asamblea Nacional, la policía disparó gas lacrimógeno en respuesta y una coalición indígena se dirigió al palacio presidencial, lo que demostró que la partida de Moreno no ha logrado calmar el enojo hacia él.
Ecuador ha estado en crisis desde la semana pasada, cuando Moreno anunció varias medidas —parte de un plan de austeridad impuesto por el Fondo Monetario Internacional— concebidas para reducir la deuda y preparar la economía para su crecimiento.
Las medidas causaron un incremento en los precios de la gasolina, lo que enfureció a muchos trabajadores del transporte, jóvenes y grupos indígenas, quienes han sufrido años de decaimiento económico en Ecuador, país que se ha ahogado en una deuda de miles de millones de dólares para luego intentar salir de ella de una estocada.
Como respuesta a las protestas instaladas en Quito esta semana, Moreno declaró estado de emergencia, lo que le permitió suspender algunas libertades civiles y mudar la presidencia lejos de la capital, a la ciudad de Guayaquil, una medida sin precedente. Las protestas y la reacción de Moreno a ellas amenazan con sumir a Ecuador en el caos y empeorar la inestabilidad en una región que ya está teniendo dificultades con los millones de refugiados venezolanos y el colapso económico de su país.
Las protestas en la capital continuaron el martes, cuando grandes grupos de manifestantes encapuchados enfrentaron a la policía, rompieron varias barricadas y se acercaron al palacio presidencial, en el corazón del centro histórico de la ciudad. Se cerraron algunas calles y negocios y el gobierno ha declarado que realizó cientos de arrestos durante la semana pasada.
Moreno hizo el anuncio sobre Quito durante una aparición televisiva muy breve desde Guayaquil, rodeado del vicepresidente, el ministro de Defensa y los jefes de las fuerzas militares, una señal para los ecuatorianos de que su gobierno tiene el respaldo de las fuerzas armadas.
Cuando Moreno fue elegido en 2017, heredó una crisis de deuda que se infló cuando su predecesor y otrora mentor, el expresidente Rafael Correa, solicitó créditos para una importante represa, carreteras, escuelas, hospitales y otros proyectos. Desde entonces, Moreno se ha alejado de las políticas de izquierda de Correa; ha intentado reducir el gasto social y los organismos gubernamentales y se ha propuesto perforar a mayor profundidad en la Amazonía en busca de petróleo, la exportación más valiosa de Ecuador.
Pero la indignación contra los esfuerzos de Moreno estalló en forma de protestas masivas tras el anuncio del fin de un subsidio de la gasolina que ha estado vigente 40 años y que, según Moreno, le cuesta al país más de 1300 millones de dólares al año.
Una coalición de grupos indígenas afirmó en una declaración que las protestas eran una defensa de “nuestra vida y la de nuestros territorios” contra la “codicia, la destrucción y explotación de recursos naturales de parte del Estado, estando muchos de nuestros pueblos en riesgo de exterminio”.
Jaime Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), afirmó que a menos que las medidas económicas sean derogadas, “no habrá diálogo”, de acuerdo con The Associated Press.
Vargas condenó la violencia en las protestas, pero se la atribuyó a las acciones del gobierno al afirmar que las autoridades han “tratado de desacreditar, de manchar la imagen política y de lucha del movimiento indígena”.
En su alocución, Moreno denunció —sin ofrecer pruebas— que su antiguo aliado y actual adversario, Correa, había orquestado las protestas para desestabilizar su gobierno. También sugirió que Correa estaba trabajando con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
“Lo que ha sucedido estos días en Ecuador no es una manifestación social de descontento frente a una decisión del gobierno”, afirmó Moreno. “Los saqueos, el vandalismo y la violencia demuestran que aquí hay una intención política organizada para desestabilizar el gobierno y romper el orden constituido, romper el orden democrático”.
El lunes, la marcha a Quito se volvió violenta, con episodios de saqueos —incluyendo las instalaciones de 31 compañías exportadoras de flores, de acuerdo con una asociación de exportadores— y ataques a trabajadores agrícolas y campesinos que se negaron a unirse a la marcha.
Juan Sebastián Roldán, secretario de la presidencia, dijo en una rueda de prensa el lunes que los líderes indígenas, quienes están marchando junto a decenas de miles rumbo a la capital, han perdido el control sobre su gente. También afirmó que la marcha había sido infiltrada por simpatizantes de Correa para crear caos.
“Los indígenas nunca han saqueado ni han robado en sus protestas”, afirmó Roldán. “Paren las infiltraciones. Quienes están haciendo eso querían llevar Ecuador a Venezuela”.
Durante la rueda de prensa de este lunes, Moreno afirmó que, aunque mantendrá la eliminación de los subsidios, quiere abrir un proceso de “diálogo fraternal”.